Más de 500 censistas sin respaldo y pagos observados: las principales dudas que dejó la auditoría al Censo 2024
La Contraloría detectó fallas en los controles aplicados por el INE durante la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024. Entre los hallazgos figuran contrataciones cuestionadas, gastos sin justificación suficiente y problemas en la administración de recursos públicos.
La auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Censo 2024 dejó en evidencia una serie de debilidades en los mecanismos de control aplicados durante uno de los procesos estadísticos más importantes del país.
El hallazgo que concentra la mayor cantidad de recursos observados corresponde a 515 censistas respecto de los cuales el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no logró acreditar que hubieran realizado efectivamente las labores para las que fueron contratados. Los pagos asociados superan los $166 millones.
Las principales observaciones de Contraloría al Censo 2024
Para el organismo fiscalizador, esta situación refleja deficiencias en los sistemas de supervisión implementados durante el operativo censal y forma parte de un conjunto más amplio de observaciones relacionadas con contrataciones, gastos y gestión administrativa.
Entre ellas también figura la contratación de 16 personas que registraban antecedentes penales por delitos como robo, hurto, estafa, lesiones y tráfico de drogas.
La revisión estableció que en algunos casos existían certificados que daban cuenta de esas condenas, mientras que en otros no fue posible acreditar que dichos antecedentes hubieran sido requeridos durante el proceso de selección.
La auditoría además detectó la contratación de 14 extranjeros que no estaban habilitados para desempeñar labores remuneradas en Chile.
Contratos, multas y equipos almacenados
Las observaciones no se limitaron al personal contratado. Contraloría concluyó que más de 130 trabajadores incorporados para funciones de coordinación y apoyo administrativo no acreditaron los requisitos educacionales exigidos para sus cargos. Pese a ello, no se aplicaron multas por casi $132 millones a las empresas encargadas del reclutamiento.
La revisión también cuestionó decenas de contratos de arriendo suscritos para el proceso censal. Según el informe, 77 convenios carecían de antecedentes técnicos que justificaran su necesidad y algunos se extendieron por períodos superiores a la duración del operativo.
Pagos observados y equipos sin uso definido
A ello se sumó un pago superior a $134 millones por concepto de traslado de funcionarios y censistas realizado el 1 de mayo de 2024, jornada en la que no existían actividades censales programadas.
Otro de los puntos observados fue el destino de los equipos tecnológicos adquiridos para el proceso. A noviembre de 2025 todavía permanecían almacenados cientos de computadores y más de 29 mil teléfonos inteligentes comprados para el Censo.
INE confirma sumario y denuncia ante la Fiscalía por casos observados
Tras la publicación del informe, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el sumario administrativo ya había sido instruido el 13 de marzo de este año, pocos días después de recibir las observaciones de Contraloría.
A través de un comunicado, el organismo señaló que la investigación busca establecer eventuales responsabilidades por la contratación de 16 censistas con antecedentes penales y de 14 extranjeros que presuntamente no estaban habilitados para trabajar en el país.
El INE también informó que presentó denuncias ante el Ministerio Público respecto de los casos observados por el ente fiscalizador, causas que actualmente se encuentran en investigación.