Copamiento policial: Gobierno intensifica vigilancia en el Metro y apunta a reforzar el control del transporte público
Un nuevo operativo de seguridad en la Línea 1 del Metro de Santiago marcó el despliegue de una estrategia que busca aumentar la presencia policial en espacios de alta concurrencia y fortalecer la prevención de delitos.
El Gobierno realizó este miércoles una nueva intervención de seguridad en la red del Metro de Santiago, enfocada en la Línea 1, el corredor con mayor flujo de pasajeros de la capital.
La medida se enmarca en una serie de acciones impulsadas por las autoridades para reforzar la vigilancia en el transporte público y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios.
Gobierno despliega nueva estrategia de seguridad en el transporte público
La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto a Carabineros y representantes de Metro. El despliegue contempló controles preventivos y fiscalizaciones en distintas estaciones ubicadas entre Baquedano y San Pablo, uno de los tramos más transitados de la red.
Desde Carabineros explicaron que el operativo contó con apoyo de unidades especializadas destinadas a este tipo de servicios, por lo que no implicó una disminución de efectivos en comisarías ni en labores de patrullaje territorial.
Las autoridades destacaron que estas intervenciones buscan combatir fenómenos que afectan la experiencia de viaje de los pasajeros, entre ellos el comercio ilegal y diversas incivilidades detectadas en estaciones y accesos.
Metro destaca resultados de los controles y Gobierno impulsa nuevas sanciones
En ese contexto, Metro informó que durante este año se han incrementado significativamente los decomisos de productos comercializados de manera irregular al interior de la red. Según la empresa, el fortalecimiento de los controles ha permitido recuperar espacios y mejorar las condiciones de circulación en varios puntos del sistema.
Junto con estas medidas, el Ejecutivo reiteró su respaldo a un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para quienes interrumpan o afecten el funcionamiento de servicios de transporte público, con el objetivo de resguardar una infraestructura considerada clave para la movilidad diaria de millones de personas.