Escuelas Protegidas entra en fase decisiva: TC analiza impugnaciones al proyecto
El Tribunal Constitucional comenzó a revisar los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra algunas de las disposiciones más controvertidas de la iniciativa, entre ellas la revisión de mochilas y las restricciones para acceder a la gratuidad en la educación superior.
El Tribunal Constitucional inició el análisis de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra el proyecto Escuelas Protegidas, una de las principales iniciativas impulsadas para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.
Aunque la propuesta ya fue aprobada por el Congreso, diversos sectores solicitaron revisar su constitucionalidad antes de su promulgación. El foco de la controversia está en las facultades que contempla la ley para enfrentar hechos de violencia dentro de los recintos escolares.
Debate por derechos de estudiantes marca revisión de Escuelas Protegidas
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran las revisiones de mochilas y pertenencias de estudiantes, la posibilidad de requerir intervención policial en determinadas situaciones y las restricciones para acceder a la gratuidad en la educación superior para personas condenadas por ciertos delitos.
Durante la audiencia pública, distintas organizaciones advirtieron que el proyecto podría generar efectos negativos sobre derechos fundamentales.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que la propuesta no incorpora suficientes resguardos para garantizar el interés superior de niños y adolescentes, mientras que representantes de la comunidad autista alertaron sobre el impacto que podrían tener algunas medidas en estudiantes con necesidades especiales.
Defensores del proyecto descartan vulneraciones constitucionales
Desde los defensores de la iniciativa, en cambio, se argumentó que el proyecto busca entregar herramientas concretas a las comunidades educativas frente al aumento de episodios de violencia escolar. Además, señalaron que las normas impugnadas se ajustan al marco constitucional y no constituyen vulneraciones de derechos.
La decisión del Tribunal Constitucional será determinante para definir si la ley puede avanzar hacia su promulgación o si algunas de sus disposiciones deberán ser modificadas.