Expresidenta del TC por acusación contra Grau: “Esta acusación no tiene mérito”
Marisol Peña sostuvo que el libelo contra el exministro Grau carece de fundamentos jurídicos suficientes y advirtió sobre una creciente utilización política de las acusaciones constitucionales. Además, abordó el fallo del Tribunal Constitucional sobre Escuelas Protegidas y defendió la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria contemplada en la megareforma.
En Primera Pauta de Radio Pauta conversamos con la abogada y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien analizó la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
La académica reiteró la postura que ya había planteado ante la comisión revisora y aseguró que el libelo no cumple con los requisitos jurídicos exigidos para prosperar. “Esta acusación no tiene mérito”, afirmó.
Marisol Peña cuestiona los fundamentos jurídicos de la acusación contra Nicolás Grau
Peña explicó que una eventual responsabilidad política por el manejo de las finanzas públicas no necesariamente configura una infracción constitucional.
A su juicio, durante la gestión de Grau pudieron existir discrepancias respecto de las cifras fiscales heredadas por el gobierno anterior, pero eso debía haberse enfrentado mediante mecanismos de control político mientras el entonces ministro estaba en funciones.
Según indicó, los diputados disponían de herramientas como interpelaciones o comisiones investigadoras, pero optaron por impulsar una acusación constitucional una vez que Grau dejó el cargo.
La exministra del TC sostuvo que la responsabilidad constitucional exige acreditar una infracción específica a la Carta Fundamental o a la ley y afirmó que aquello no aparece demostrado en este caso.
Excesiva politización del debate
Peña manifestó preocupación por la forma en que se ha desarrollado la discusión pública en torno al libelo. “El debate está a mi juicio sumamente politizado“, señaló.
Asimismo, lamentó que los argumentos jurídicos hayan quedado relegados frente a consideraciones políticas y electorales. En ese contexto, defendió el derecho de los parlamentarios a votar en conciencia y criticó las descalificaciones dirigidas contra legisladores que rechazaron la acusación.
Incluso advirtió que la utilización reiterada de este mecanismo podría desnaturalizar una herramienta concebida como un recurso excepcional. “Me preocupa la utilización de la acusación constitucional con una finalidad exclusivamente política”, sostuvo.
Respecto de la votación que deberá realizar el Senado la próxima semana, expresó su expectativa de que exista una discusión más técnica y menos tensionada por consideraciones partidarias.
Escuelas Protegidas, Registro de Vándalos e invariabilidad tributaria
La expresidenta del Tribunal Constitucional también abordó la reciente decisión del TC respecto del proyecto Escuelas Protegidas.
Aunque reconoció que inicialmente no veía fundamentos sólidos en los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, observó que la sentencia podría tener efectos sobre futuras controversias constitucionales.
En particular, advirtió que el criterio utilizado por el tribunal para rechazar la pérdida de beneficios asociados a determinadas sanciones podría transformarse en un antecedente relevante para eventuales impugnaciones al Registro de Vándalos impulsado por el gobierno.
Escuelas Protegidas, Registro de Vándalos e invariabilidad tributaria: la mirada de Marisol Peña
Peña también cuestionó la necesidad de crear una legislación especial para sancionar conductas que ya se encuentran tipificadas en el ordenamiento jurídico y planteó que muchas de las denominadas incivilidades requieren respuestas educativas más que penales.
Finalmente, se refirió a las críticas que han surgido contra la invariabilidad tributaria por 25 años incluida en la megareforma económica. La abogada descartó que la medida vulnere principios constitucionales y sostuvo que, de aprobarse, sería el propio Congreso el que estaría definiendo voluntariamente esa limitación. “A mí no me parece que haya una inconstitucionalidad”, concluyó.