Caso Convenios: Tribunal de Santiago devuelve arista Democracia Viva a Antofagasta
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las principales aristas del Caso Convenios, incluida Democracia Viva. Si la Corte de Apelaciones de Antofagasta insiste en que la causa se tramite en la capital, la decisión final quedará en manos de la Corte Suprema.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas Democracia Viva, Fiba, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios, por lo que resolvió remitir nuevamente la investigación al Juzgado de Garantía de Antofagasta.
La jueza Estefanía Asenjo determinó que la causa debe continuar su tramitación en dicha ciudad, donde se habría ejecutado el primer delito investigado.
¿Por qué el Caso Convenios volverá a Antofagasta?
La causa había sido derivada a Santiago por un fallo dividido de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, dictado en mayo de este año.
Sin embargo, la magistrada aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales, que establecen que cuando se investigan varios hechos agrupados en una única causa, la competencia territorial corresponde al lugar donde comenzó la ejecución del primer delito.
En la investigación, el Ministerio Público imputa doce delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos.
Primer delito investigado habría ocurrido en Antofagasta
Según la resolución, el primer hecho que podría constituir fraude al Fisco corresponde a la suscripción del convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo), firmado en octubre de 2022 en esa región.
Por ello, la jueza concluyó que la competencia territorial corresponde al Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Corte Suprema tendrá la última palabra en la competencia territorial
Los antecedentes serán remitidos nuevamente a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que determine si mantiene su decisión de enviar la causa a Santiago.
Si el tribunal insiste en que el proceso se tramite en la capital, la contienda de competencias deberá ser resuelta por la Corte Suprema.