¿Qué es la Operación Muralla Oriental y por qué la PDI volvió a allanar 29 casinos clandestinos?
El operativo se realizó en las regiones Metropolitana y de Valparaíso luego de que varios locales de juego ilegal retomaran sus actividades pese a haber sido clausurados. La investigación apunta a una red vinculada a lavado de activos y cohecho.
La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó este viernes la segunda fase de la denominada Operación Muralla Oriental, una investigación que busca desarticular una organización dedicada al funcionamiento de casinos clandestinos y a la comisión de delitos asociados, como lavado de activos y cohecho.
En esta oportunidad, detectives allanaron de forma simultánea 29 inmuebles ubicados en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
La investigación que busca desarticular una red de casinos ilegales
El principal motivo del nuevo operativo fue que varios de estos recintos, que ya habían sido intervenidos y clausurados durante diligencias anteriores, volvieron a abrir sus puertas y continuaban operando de manera ilegal.
El procedimiento dejó, de manera preliminar, tres personas detenidas, entre ellas al menos dos ciudadanos chinos. Además, la PDI incautó máquinas tragamonedas, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a la investigación.
Uno de los allanamientos se realizó en Estación Central. Según los antecedentes entregados por la policía, algunos trabajadores intentaron cerrar los accesos al advertir la llegada de los detectives, lo que permitió que varias personas escaparan antes del ingreso del personal policial.
Los antecedentes de la Operación Muralla Oriental
La Operación Muralla Oriental comenzó en 2025 y apunta a una estructura criminal que administraba una red de casinos clandestinos.
En su primera etapa fueron detenidas 30 personas, de las cuales 18 quedaron formalizadas. Entre los imputados figuraban ciudadanos chinos, además de chilenos y un ciudadano boliviano.
Con esta nueva ofensiva, la Fiscalía y la PDI buscan establecer cómo los locales lograron reanudar sus actividades pese a las clausuras previas, además de determinar la estructura financiera de la organización y las eventuales responsabilidades penales de quienes financiaban y administraban estos establecimientos ilegales