Ministro de Justicia anuncia que adolescentes de 16 a 18 años podrán ser juzgados como adultos

El ministro Rabat explicó que la reforma incorporará una audiencia preliminar en la que un juez de garantía evaluará si un adolescente de entre 16 y 18 años que cometa determinados delitos graves debe ser juzgado bajo las reglas de la justicia penal adulta.

En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien entregó detalles de las indicaciones que el Ejecutivo incorporará al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Entre los cambios, destacó un nuevo mecanismo para que, en determinados casos, adolescentes de entre 16 y 18 años puedan enfrentar la justicia penal de adultos.

“Nosotros vamos a establecer un procedimiento que hoy día existe en Estados Unidos y en Europa, en virtud del cual el juez de garantía, en una audiencia preliminar, va a establecer si el joven entre 16 y 18 años (…) va a ser juzgado y eventualmente condenado conforme a las reglas de la justicia adulta”, explicó.

Gobierno prepara cambios para endurecer la responsabilidad penal adolescente

El secretario de Estado aclaró que el Gobierno no impulsará una rebaja de la edad de responsabilidad penal. “No está en la carpeta hoy día del Gobierno rebajar la responsabilidad penal, sino más bien abordar modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, afirmó.

Entre las indicaciones también figura el aumento de las penas para adolescentes de 14 a 16 años que cometan delitos graves, como robos con violencia, además de incorporar por primera vez la reincidencia y reiteración como agravantes.

Asimismo, Rabat anunció cambios en los centros de detención juvenil. “Vamos a hacer una intervención importante en los centros de detención juvenil para que Gendarmería tenga un control mayor“, sostuvo, al explicar que la medida busca reforzar el control de visitas y encomiendas y fortalecer los procesos de reinserción.

El ministro anunció además que el Gobierno pondrá suma urgencia a un proyecto que crea un delito específico para sancionar a las organizaciones criminales que utilizan menores de edad para cometer ilícitos. “Nos parece importante tipificar en forma autónoma ese delito”, indicó.

En materia penitenciaria, Rabat reconoció el déficit de infraestructura y aseguró que el país enfrenta una sobrepoblación superior al 150%. Explicó que el Ejecutivo busca incorporar 20 mil nuevas plazas mediante ampliaciones y nuevas cárceles.

Plan carcelario: Gobierno mantiene ampliación de Santiago y evalúa una cárcel de máxima seguridad

Respecto de la ampliación del recinto penitenciario de Santiago, afirmó que el proyecto continúa dentro de la planificación del ministerio, aunque actualmente existe una resolución judicial que impide avanzar.

“No me estoy enfrentando con nadie. Esto es un problema de país, es un problema de bien común”, sostuvo al ser consultado por las diferencias con el municipio.

Sobre la posibilidad de construir una cárcel exclusiva para internos de máxima seguridad, Rabat señaló que esa alternativa sigue abierta. “No se descarta construir dentro de este plan carcelario una cárcel que esté destinada íntegramente a máxima seguridad”, afirmó, enfatizando que la segregación resulta clave para enfrentar al crimen organizado.

Indultos, derechos humanos y control ético: las otras definiciones del ministro

Consultado por los indultos a uniformados condenados por causas vinculadas al estallido social y por eventuales beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ministro reiteró que cada solicitud será evaluada individualmente.

“Los indultos particulares se van a analizar caso a caso”, aseguró. Además, sostuvo que “la justicia no es sinónimo de venganza” y afirmó que cada expediente será revisado considerando todos los antecedentes disponibles.

Rabat también defendió la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos y aseguró que la iniciativa se mantiene vigente y fortalecida.

Finalmente, anunció que el Ministerio de Justicia trabaja en una reforma para establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, estén o no colegiados. “Frente a cada caso de fraude hay detrás un abogado y eso tiene que terminar”, concluyó.