Contraloría concluye que Steinert actuó fuera del marco legal al solicitar antecedentes a la PDI y reabre debate político sobre su gestión
El organismo fiscalizador determinó que la exministra de Seguridad solicitó antecedentes que iban más allá de las facultades que le otorga la ley y que, además, debió abstenerse por su vínculo previo con la investigación. El dictamen generó reacciones del Gobierno, la oposición y el Congreso.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones que le entrega la ley al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).
Los antecedentes requeridos correspondían a funcionarios vinculados a una investigación penal que la propia Steinert había dirigido cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
El dictamen de Contraloría reabre el debate político
El caso se remonta al 13 de marzo de este año, apenas dos días después de asumir como ministra. Mediante un oficio reservado, Steinert pidió conocer las razones del traslado de detectives que integraban el equipo investigador de una causa relacionada con el denominado Clan Chen.
Sin embargo, el requerimiento excedió una simple solicitud de antecedentes. La exministra pidió la nómina completa de los funcionarios, con sus nombres, cédulas de identidad y grados.
También requirió información sobre sus antecedentes disciplinarios y penales, eventuales sumarios y denuncias administrativas, además del detalle de los destinos que les habían sido asignados dentro de la PDI.
Las razones que sustentan el dictamen de Contraloría
La Contraloría estimó que ese requerimiento no tenía relación con las funciones de planificación y coordinación que la ley asigna al Ministerio de Seguridad y que, además, podía afectar una investigación penal en curso.
El organismo también sostuvo que Steinert debió abstenerse de intervenir debido a que los funcionarios sobre los cuales solicitó antecedentes habían trabajado con ella cuando encabezaba la investigación desde la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Arrau: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica”
Tras conocerse el dictamen, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que la cartera ya adecuó sus procedimientos al criterio fijado por la Contraloría.
El secretario de Estado señaló que el ministerio ejerce únicamente las funciones de coordinación estratégica que le asigna la ley y aseguró que las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador ya fueron incorporadas al funcionamiento de la institución. Asimismo, evitó profundizar en la actuación de su antecesora y destacó el trabajo realizado durante la puesta en marcha del ministerio.
Leiva no descarta una acusación constitucional
El diputado socialista Raúl Leiva, quien solicitó el pronunciamiento de la Contraloría, calificó el dictamen como “un hecho muy grave” y sostuvo que confirma que la exministra actuó fuera del marco de sus atribuciones legales.
El parlamentario señaló que el informe acredita que se requirió información respecto de una investigación penal que permanecía en curso y a la que Steinert había tenido acceso previamente como fiscal regional.
En ese contexto, afirmó que no descarta impulsar una acusación constitucional, aunque precisó que esa decisión deberá analizarse junto a otras fuerzas políticas.
Squella respalda revisar responsabilidades y Núñez llama a evitar una nueva confrontación
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que el dictamen de Contraloría confirma que existieron actuaciones incompatibles con las atribuciones del cargo y afirmó que corresponde evaluar las responsabilidades políticas que puedan derivarse del caso, incluida una eventual acusación constitucional.
Una postura distinta manifestó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien cuestionó la posibilidad de iniciar una nueva ofensiva constitucional. La senadora sostuvo que el Congreso debe concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas que afectan a la ciudadanía y advirtió que abrir un nuevo conflicto político no contribuye a responder las principales preocupaciones del país.