Subsecretario Silva reconoce crisis carcelaria, pero afirma que “todavía no hemos llegado al punto de no retorno”
El subsecretario de Justicia abordó el avance del crimen organizado, defendió el régimen de máxima seguridad, respaldó los cambios al sistema de responsabilidad penal adolescente y sostuvo que el país debe fortalecer tanto la seguridad como la reinserción.
En Primera Pauta de Radio Pauta conversamos con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, sobre el sistema penitenciario, el avance del crimen organizado, la reforma a la responsabilidad penal adolescente y el debate por los indultos.
La autoridad reconoció que el aumento de la población penal ha tensionado la capacidad de las cárceles, aunque descartó que el país haya perdido el control frente a las organizaciones criminales.
Silva aborda los desafíos del sistema penitenciario frente al aumento de la población penal
“Este fenómeno del crimen organizado ha pillado al Estado con una relativa novedad, pero también, esto lo dicen todos los analistas, todavía hay espacio, es decir, no hemos llegado al punto de no retorno”, sostuvo.
Silva explicó que la población penal pasó de cerca de 40 mil personas privadas de libertad en 2022 a casi 65 mil en la actualidad, lo que ha incrementado la presión sobre la infraestructura penitenciaria.
El régimen de máxima seguridad como respuesta al crimen organizado
Frente a la llegada de integrantes de organizaciones como el Tren de Aragua, aseguró que Chile dispone de herramientas para enfrentar ese escenario. “Existe un régimen de máxima seguridad”, afirmó, al detallar que hoy existen cuatro recintos con celdas individuales, visitas restringidas y estrictos controles para impedir que los internos mantengan estructuras de mando desde prisión.
En ese contexto, sostuvo que “estamos preparados y nos estamos preparando para lo que viene”, aunque advirtió que el plan de infraestructura deberá ampliarse si la población carcelaria sigue creciendo.
Respecto de la construcción de nuevos recintos, defendió la expansión de la red penitenciaria y aseguró que se trata de una política que trasciende a los distintos gobiernos.
“Aquí hay evidentemente para mí una política de Estado”, afirmó, recordando que el último penal construido comenzó a operar en 2017, por lo que el país acumuló casi una década sin inaugurar nuevas cárceles.
Gobierno defiende trasladar a cárceles de adultos a condenados que cumplan la mayoría de edad
Silva también respaldó la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente y el proyecto que permitirá trasladar a cárceles de adultos a quienes cumplan la mayoría de edad mientras cumplen condenas por delitos graves.
“La finalidad del sistema penitenciario es doble, es seguridad y reinserción. No es solo reinserción”, sostuvo. Frente a las críticas de especialistas y exautoridades, respondió que “creer que porque entra en un penal de adulto la reinserción no es posible es echar por la borda todos los esfuerzos de reinserción adulta que existen”.
Responsabilidad penal juvenil, reinserción e indultos: las otras definiciones del subsecretario
Además, planteó que el escenario delictual obliga a revisar normas como el borrado automático de antecedentes al cumplir 18 años y el tratamiento de la reincidencia juvenil. “Hoy día el sistema es tributario de una experiencia como país que ha cambiado”, indicó, antes de agregar que “son preguntas que yo creo que hoy día merecen una respuesta distinta a la que se ha dado”.
En materia de reinserción, destacó el convenio entre el Ministerio de Justicia y la SOFOFA para facilitar la continuidad laboral de personas privadas de libertad. “Uno de los elementos clave en la reinserción es el trabajo y es la continuidad en el trabajo”, señaló.
Finalmente, sobre la presión para otorgar indultos a carabineros condenados por causas vinculadas al estallido social, evitó pronunciarse sobre el fondo del debate.
“El mandato que tiene el Ministerio de Justicia es tramitar de acuerdo a las exigencias legales y reglamentarias todas las solicitudes de indulto que se presenten”, explicó, y recordó que la decisión corresponde exclusivamente al Presidente de la República.