Corte suspende revisión del desafuero de Miguel Ángel Calisto tras reapertura de la investigación
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia programada para este viernes luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la investigación por 60 días.
La solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto sufrió un inesperado vuelco a pocas horas de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisara el requerimiento presentado por la Fiscalía Regional de Aysén.
La Corte posterga el desafuero de Calisto
El tribunal resolvió dejar sin efecto la audiencia fijada para este viernes 10 de julio, luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique acogiera una petición de la defensa y ordenara reabrir la investigación por un plazo de 60 días.
La decisión implica que el Ministerio Público deberá retomar la etapa investigativa antes de intentar nuevamente avanzar con la acusación en contra del parlamentario independiente, investigado por presuntos delitos de fraude reiterado al Fisco.
La defensa logra postergar el proceso
La reapertura de la causa dejó sin efecto el cierre de la investigación, requisito necesario para que la Fiscalía pudiera presentar la acusación y solicitar el desafuero del senador. En ese escenario, la Corte determinó que la audiencia programada para este viernes ya no tenía sustento procesal, por lo que resolvió suspenderla.
Tras conocerse la resolución, Calisto valoró la decisión judicial y afirmó que continuará desempeñando sus funciones legislativas mientras se desarrollan las diligencias pendientes.
Qué viene ahora en la causa
La investigación permanecerá abierta durante los próximos 60 días, período en el que la Fiscalía deberá realizar las actuaciones ordenadas por el tribunal antes de volver a cerrar la indagatoria.
Solo una vez concluida esa etapa podrá decidir si presenta nuevamente la acusación y solicita otra vez el desafuero del senador ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
En paralelo, la defensa mantiene un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en una estrategia orientada a cuestionar distintos aspectos del procedimiento seguido en la investigación. La resolución conocida este jueves retrasa el avance del caso y extiende la definición sobre el futuro judicial del parlamentario.