Reconstrucción de El Olivar sigue estancada: Minvu recurre a la justicia para destrabar proyecto que afecta a 327 familias
El ministerio anunció nuevas acciones legales para permitir que continúe la reconstrucción en el sector de Viña del Mar, paralizada por una disputa judicial luego de que se detectaran graves fallas en las viviendas levantadas por la empresa a cargo de las obras.
Más de 300 familias del sector El Olivar, en Viña del Mar, continúan sin una solución habitacional definitiva debido a la paralización del proyecto de reconstrucción impulsado tras los incendios que afectaron la zona.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que acudirá nuevamente a la justicia para intentar destrabar las obras y permitir que el proceso continúe.
Las acciones judiciales con las que el Minvu busca reactivar la reconstrucción de El Olivar
La cartera informó que presentará recursos de protección y acciones civiles en favor de los propietarios que decidieron poner término a sus contratos con la constructora San Sebastián y la Entidad Patrocinante Social Arquitectura, luego de conocerse una serie de deficiencias en las viviendas construidas.
Actualmente, el conflicto mantiene detenidas 327 soluciones habitacionales. De ellas, 140 corresponden a inmuebles que ya registraban distintos niveles de avance y contaban con autorización para su demolición, mientras que en otras 187 viviendas las obras aún no han podido comenzar.
La decisión del ministerio busca facilitar que las familias puedan incorporarse a una nueva propuesta de reconstrucción liderada por el Serviu de Valparaíso, sin que las controversias judiciales continúen retrasando el proyecto.
El caso se originó tras los informes elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu y el IDIEM de la Universidad de Chile.
Ambos organismos detectaron incumplimientos a la normativa sísmica, problemas de resistencia al fuego y otras fallas estructurales que llevaron a la autoridad a descartar la entrega de las viviendas en esas condiciones.
En paralelo, el ministerio recordó que en marzo presentó querellas contra la constructora y la entidad patrocinante por presuntos delitos como estafa agravada, fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento falso, tráfico de influencias, amenazas, coacción y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
De acuerdo con la cartera, los contratos investigados comprometen recursos fiscales por más de 709 mil UF.
El Minvu reiteró que mantendrá todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para que las familias reciban viviendas nuevas que cumplan con los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la normativa vigente.