Contraloría fija límites al uso de gift cards para funcionarios municipales y define cuándo pueden entregarse
Un nuevo dictamen del organismo estableció que las tarjetas para comprar vestuario solo podrán utilizarse para adquirir uniformes institucionales indispensables para el trabajo. Además, fijó una serie de requisitos que deberán cumplir las municipalidades.
La Contraloría General de la República fijó nuevos criterios para el uso de gift cards destinadas a funcionarios municipales y aclaró en qué casos estos beneficios pueden ajustarse a la normativa vigente.
El pronunciamiento responde a una consulta realizada por la Municipalidad de Providencia y quedó establecido en el Dictamen N° D350/2026, emitido el 14 de julio.
Qué establece el nuevo dictamen de la Contraloría
El organismo precisó que las municipalidades no pueden entregar gift cards para que los funcionarios compren vestuario formal o calzado de libre elección, ya que ese tipo de beneficio no cuenta con respaldo legal y podría constituir un incremento indirecto de las remuneraciones.
Sin embargo, la Contraloría estableció una excepción para los casos en que las tarjetas se utilicen exclusivamente para adquirir uniformes institucionales que resulten indispensables para el desempeño de las funciones del cargo.
Para ello, fijó una serie de condiciones. Entre ellas, que las prendas tengan un diseño similar para todos los funcionarios beneficiados, que su uso sea obligatorio durante la jornada laboral y que contribuyan a identificar la imagen institucional del municipio.
La Contraloría reafirma su criterio sobre el uso de gift cards
Además, indicó que el uniforme debe ser necesario para el ejercicio de las funciones, contar con financiamiento contemplado en el presupuesto municipal y estar regulado mediante un reglamento interno que establezca las condiciones de entrega y uso.
El dictamen reafirma el criterio que la Contraloría ha sostenido en otros pronunciamientos recientes sobre esta materia, en los que cuestionó el uso de gift cards para comprar ropa sin que existieran controles o requisitos que permitieran acreditar que correspondían a uniformes institucionales y no a un beneficio personal para los funcionarios.