Gobierno modifica proyecto de responsabilidad penal adolescente y elimina mecanismo para juzgar a menores como adultos
Las indicaciones eliminan el mecanismo para juzgar a menores como adultos, pero establecen penas más estrictas para delitos graves.
El Gobierno ingresó al Senado un conjunto de indicaciones para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes cometan delitos graves.
Sin embargo, una de las ideas más debatidas quedó fuera del proyecto: el mecanismo que permitía que adolescentes de 16 y 17 años fueran juzgados como adultos.
Las principales modificaciones que propone el Gobierno a la ley de responsabilidad penal adolescente
La propuesta había sido anunciada semanas atrás por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pero finalmente fue descartada tras un proceso de conversaciones con alcaldes, expertos y parlamentarios.
Durante esas reuniones surgieron reparos tanto a reducir la edad de imputabilidad como a reinstalar un sistema similar al antiguo “discernimiento”, vigente antes de la reforma de 2007.
Régimen cerrado obligatorio para delitos graves
Entre las principales modificaciones, el Ejecutivo propone que los adolescentes condenados por delitos graves cumplan obligatoriamente sus sanciones en régimen cerrado cuando la pena sea igual o superior a tres años y un día. Con ello se elimina la posibilidad de que, en esos casos, puedan acceder a libertad asistida especial.
Las indicaciones también endurecen las reglas para sustituir una condena de internación cerrada. El proyecto establece que el adolescente deberá cumplir al menos un tercio de la pena antes de que un tribunal pueda evaluar un cambio a una sanción menos restrictiva.
Más atribuciones para Gendarmería y traslado al cumplir 18 años
Otro de los cambios fortalece el rol de Gendarmería en los centros de justicia juvenil y autoriza su intervención cuando existan situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los recintos o de las personas que permanecen en ellos.
Además, el proyecto incorpora una norma que obliga al tribunal a ordenar el traslado a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de quienes cumplan 18 años mientras cumplen condena por delitos graves, siempre que exista un informe favorable del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Nuevos delitos y mayor responsabilidad penal
Las indicaciones también amplían la responsabilidad penal para las faltas. Si actualmente solo responden por determinadas infracciones los adolescentes mayores de 16 años, la propuesta extiende esa obligación a todos los jóvenes desde los 14 años.
Junto con ello, el Ejecutivo plantea aumentar las sanciones para quienes reincidan o cometan delitos de manera reiterada, tipificar como delito el ingreso de teléfonos celulares, chips y otros dispositivos de comunicación a centros de internación juvenil, y obligar a los directores de esos recintos a denunciar los delitos que ocurran en su interior.