Caso Camila Flores: defensa denuncia presuntas filtraciones y pide investigar a dos fiscales de Valparaíso
Los abogados de la senadora Camila Flores presentaron ante la Fiscalía Nacional un reclamo administrativo en el que solicita investigar eventuales irregularidades en el manejo de antecedentes reservados de la causa por un eventual fraude al fisco que involucra a la parlamentaria de Renovación Nacional. El reclamo apunta a dos fiscales y aporta registros de las cámaras de seguridad del Congreso como parte de los antecedentes.
Una denuncia administrativa fechada el 23 de junio e ingresada ante la Fiscalía Nacional a la que tuvo acceso Radio Pauta, acusa una serie de presuntas irregularidades en la causa por eventual fraude al fisco, que involucra a la senadora Camila Flores (RN), cuyos antecedentes se encontraban bajo reserva legal.
Denuncia apunta a presuntas filtraciones de antecedentes reservados en la investigación contra Camila Flores
La presentación fue interpuesta por los abogados defensores de la senadora, Luis Masferrer Farías y Samuel Donoso Boassi.
El texto solicita instruir un sumario y determinar eventuales responsabilidades disciplinarias de la fiscal Paola Castiglione y de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por la presunta divulgación de información reservada y otras actuaciones vinculadas a la indagatoria.
El reclamo surge en medio de un problema que el propio fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha calificado de “estructural”.
Además, vuelve a situar el foco sobre una repartición que, hace poco más de un año, recibió precisamente el encargo de esclarecer otro episodio de divulgación de antecedentes reservados: la publicación de los chats entre las actuales parlamentarias Karol Cariola e Irací Hassler.
La denuncia afirma que la defensa supo del secreto de la causa por una consulta periodística
La presentación incorpora además un antecedente al allanamiento. Según la denuncia, la periodista de CIPER, Paulina Toro, se habría comunicado el 5 de mayo con el abogado Luis Masferrer para formular consultas sobre la investigación.
En aquella oportunidad, Toro le habría señalado que esta contemplaba un eventual delito de lavado de activos, razón por la cual la causa se encontraba bajo reserva.
Los abogados sostienen que, hasta ese momento, no habían sido informados formalmente por el Ministerio Público de esa decisión esa decisión. Sobre esa base, afirman que tomaron conocimiento de la existencia del caracter reservado de la causa a través de la consulta periodística.
La presentación no acredita sin embargo, de qué fuente obtuvo la periodista eaa información ni permite concluir que hubiese sido proporcionada por alguna de las fiscales cuestionadas.
Los registros del Congreso incluidos en la denuncia
Uno de los episodios descritos en la presentación ocurrió el 6 de mayo, durante el allanamiento a la oficina de Flores en el Senado.
Según la denuncia, los registros de las cámaras de seguridad del Congreso muestran a la periodista de CIPER, Paulina Toro, mientras ingresa al edificio minutos antes que la fiscal Paola Castiglione.
Ambas aparecen posteriormente en el hall de acceso, antes de que la persecutora subiera al décimo piso, donde se desarrollaría el operativo. Más tarde, de acuerdo con el reclamo, la profesional fue ubicada en ese mismo sector, cuyo acceso es restringido.
La denuncia cuestiona la presencia de una periodista en el Congreso durante el allanamiento
La presentación agrega que, al ser consultada por personal del Congreso sobre el motivo de su presencia, la periodista señaló que se encontraba allí para cubrir una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado.
Según las pruebas que se adjuntan, los registros de las cámaras de seguridad del Congreso muestran a la periodista de CIPER, Paulina Toro mientras ingresa al edificio minutos antes que la fiscal Paola Castiglioni.
La presentación sostiene que ambas aparecen posteriormente en el hall de acceso, antes de que la persecutora subiera al décimo piso, donde se desarrollaría el operativo. Más tarde, de acuerdo con el reclamo, la profesional fue ubicada en ese mismo sector, cuyo acceso es restringido.
Horas después del operativo, el medio para el que trabaja la profesional que consignó la hora de llegada del equipo investigador y detalló algunas de las especies incautadas, entre ellas el computador y el teléfono de la parlamentaria, además de diversos documentos.
La defensa de Flores utiliza estos antecedentes para sustentar su tesis de una eventual filtración. La presentación plantea que la coincidencia temporal, el acceso al sector restringido y la posterior publicación de información sobre la diligencia, justifican investigar cómo esos datos llegaron a conocimiento de la prensa.
El reclamo, sin embargo, no acredita por sí solo quién habría entregado esa información, cuestión que deberá determinarse si se abre una investigación administrativa.
Antecedentes reservados que posteriormente aparecieron en medios
La causa vinculada a Flores fue declarada secreta en abril bajo las normas aplicables a investigaciones por lavado de activos.
Según la presentación, la reserva fue decretada administrativamente el 22 de ese mes, con efecto desde el día 20, lo que restringió el acceso a la carpeta incluso para la defensa. Pese a ese carácter reservado, diversos antecedentes aparecieron posteriormente en medios de comunicación.
Entre ellos, el reclamo identifica detalles del allanamiento y un escrito de 12 páginas mediante el cual el Ministerio Público solicitó alzar el secreto bancario de la senadora, cuyo contenido, incluidos mensajes de WhatsApp y otros antecedentes, fue reproducido por la prensa.
Los abogados denunciantes sostienen que la reiterada difusión de información de la carpeta constituye un patrón que debe ser investigado para establecer su origen y determinar eventuales responsabilidades.
El antecedente de los chats de Cariola y Hassler
La situación tiene un precedente particular para la Fiscalía Regional de Valparaíso. En marzo de 2025, Valencia encomendó a esa repartición, encabezada por Perivancich, indagar la divulgación de los chats privados entre la entonces diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, extraídos de un teléfono incautado en el marco del caso Sierra Bella.
A más de un año de esa designación, no se conocen públicamente resultados de esa indagatoria. Ahora, la misma repartición enfrenta un reclamo administrativo que cuestiona el resguardo de información reservada en una causa bajo su conducción.
El episodio se inserta en una discusión más amplia dentro del Ministerio Público. Desde la llegada de Valencia, el organismo ha abierto más de una veintena de sumarios relacionados con fugas de información.
El jefe del organismo persecutor ha reconocido públicamente las dificultades para identificar y sancionar a los responsables, al punto de señalar que las sanciones en estos casos son inexistentes.
El debate llega al Congreso
La controversia por la divulgación de antecedentes de causas penales también ha tenido eco legislativo. La Comisión de Constitución del Senado despachó a la Sala el denominado ” Proyecto Antifiltraciones“, una iniciativa transversal que busca establecer sanciones para fiscales y funcionarios públicos que entreguen o divulguen información reservada.
Cuando los antecedentes estén sujetos a secreto, la propuesta contempla, entre otras consecuencias, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sus impulsores han sostenido que el objetivo no es sancionar a periodistas ni a medios que publiquen información de interés público, sino perseguir a quienes vulneren desde el interior del sistema el deber legal de reserva.
la denuncia vinculada al caso Flores deberá ser evaluada por la Fiscalía Nacional. La presentación solicita que se designe a un fiscal regional para instruir un sumario y determinar eventuales responsabilidades disciplinarias, además de evaluar, como medida preventiva, la suspensión de Castiglione y/o Perivancich mientras se esclarecen los hechos denunciados.