Canciller califica de “error” la acción de ONG ante EE.UU. y defiende posición de Chile
El ministro de Relaciones Exteriores cuestionó la participación de Fundación Libera y Ecoceanos en la investigación de Estados Unidos sobre trabajo forzoso y sostuvo que las acusaciones no reflejan la realidad del país. Las organizaciones, en tanto, insistieron en que nunca solicitaron sanciones comerciales contra Chile.
El Gobierno salió a responder este lunes a la controversia generada por la participación de organizaciones chilenas en la investigación que derivó en un arancel adicional de 12,5% impuesto por Estados Unidos a parte de las exportaciones nacionales.
El canciller Francisco Pérez Mackenna calificó como un “error” la decisión de Fundación Libera y Ecoceanos de presentar antecedentes ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), al estimar que esa actuación perjudicó la posición del país en medio del proceso.
La controversia entre el Gobierno y las ONG por el arancel de Estados Unidos
Tras reunirse con representantes de los principales gremios exportadores, el ministro sostuvo que los antecedentes entregados por ambas organizaciones “no se ajustan a los hechos” y afirmó que Chile cuenta con instituciones y normas para enfrentar los casos de trabajo forzoso.
Agregó que el desafío ahora es defender la imagen del país y avanzar en las gestiones para revertir la medida adoptada por Washington.
El arancel estadounidense afecta a una amplia gama de productos chilenos, entre ellos salmones, frutas, vinos, carnes y productos forestales, sectores que han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la sobretasa sobre su competitividad en uno de sus principales mercados.
ONG defienden su actuación y descartan haber pedido sanciones
Las críticas del canciller se producen días después de que Fundación Libera explicara públicamente su participación en las audiencias de la USTR. Su presidenta, Carolina Rudnick, aseguró que la organización nunca solicitó la aplicación de aranceles contra Chile y que, por el contrario, propuso un conjunto de reformas para fortalecer la legislación nacional contra el trabajo forzoso.
La ONG sostiene que su objetivo ha sido promover estándares más exigentes en materia de derechos laborales y prevenir que las medidas comerciales terminen afectando al país. El Gobierno, en cambio, mantiene que las denuncias presentadas no representan la situación real de Chile y continúa desarrollando una estrategia diplomática para intentar reducir el impacto de la decisión adoptada por Estados Unidos.