Presidente Kast firma proyecto para exigir test de drogas a autoridades: perderían el cargo si dan positivo
La iniciativa busca ampliar la obligación de someterse a exámenes de drogas a distintas autoridades del Estado y establece una nueva causal de cesación en el cargo para quienes den positivo. El anuncio se produce días después de la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el Gobierno tras un resultado positivo en un examen de drogas.
El presidente José Antonio Kast firmó este lunes un proyecto de ley que amplía la obligación de realizarse exámenes periódicos de detección de drogas a diversas autoridades del país.
La iniciativa incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para quienes obtengan un resultado positivo, y refuerza los estándares de probidad y transparencia en el ejercicio de funciones públicas.
Proyecto amplía el test de drogas a autoridades
El proyecto alcanza a parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales, dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria y financiamiento público, además del Presidente de la República.
La propuesta complementa la normativa vigente, que ya obliga a ministros, subsecretarios y otras autoridades del Ejecutivo a someterse a estos controles.
El proyecto incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para las autoridades que obtengan un resultado positivo en un test de drogas.
De aprobarse la iniciativa, quienes no acrediten que el resultado se debe a un tratamiento médico autorizado perderán el cargo que ejercen, conforme al procedimiento que establezca la ley.
La medida surge tras la salida del exsubsecretario de Hacienda
La presentación del proyecto ocurre pocos días después de que Juan Pablo Rodríguez renunciara a la Subsecretaría de Hacienda luego de que un examen de drogas arrojara un resultado positivo.
Aunque el exsubsecretario aseguró que no consume sustancias ilícitas y anunció nuevas pruebas para aclarar la situación, el Gobierno resolvió apartarlo del cargo mientras continúa el proceso de revisión de la contramuestra.
Así, el Ejecutivo busca extender el estándar que ya aplica a parte de las autoridades gubernamentales al resto de los cargos de representación y responsabilidad pública, estableciendo consecuencias legales en caso de incumplimiento o de resultados positivos confirmados.