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Ministerio de Justicia abre sumario por caso Bernarda Vera y remite antecedentes al CDE

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POR María Alejandra Gallardo Contreras |

La cartera busca establecer eventuales responsabilidades administrativas tras confirmarse que Bernarda Vera, quien figuró por décadas como detenida desaparecida, fue encontrada con vida en Argentina.

El Ministerio de Justicia abrió un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe eventuales acciones judiciales derivadas del caso de Bernarda Vera Contardo.

La decisión se adoptó luego de que un examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal confirmara la identidad de Vera, quien durante más de 50 años fue considerada una detenida desaparecida.

Ministerio de Justicia inicia investigación por el caso Bernarda Vera

La decisión se adoptó luego de que el Poder Judicial estableciera, con una probabilidad superior al 99,9999%, que la mujer localizada en Argentina corresponde a Bernarda Vera, militante del MIR detenida por la Fuerza Aérea en 1973 y posteriormente incluida en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada.

Según explicó el Ministerio, el sumario buscará determinar si existieron errores, omisiones o responsabilidades administrativas en los organismos dependientes de la cartera.

Paralelamente, el oficio enviado al CDE pretende que el organismo analice si corresponde ejercer acciones civiles o penales por los hechos conocidos.

Cómo se reabrió el caso y las repercusiones políticas

Los antecedentes que permitieron reabrir el caso surgieron durante el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, cuando se recibieron testimonios que indicaban que Bernarda Vera había sido vista fuera de Chile después de la fecha en que se estimaba su desaparición.

A partir de esa información se inició una investigación judicial que culminó esta semana con el resultado del peritaje genético, el cual confirmó la identidad de la mujer ubicada en Argentina.

El caso ha generado una fuerte repercusión política. Parlamentarios de oposición solicitaron recuperar los recursos públicos pagados en virtud de la condición de víctima de desaparición forzada y anunciaron nuevas acciones para esclarecer eventuales responsabilidades.

En paralelo, otros legisladores han planteado la posibilidad de impulsar una comisión investigadora para determinar cómo se mantuvo durante décadas esa calificación pese a los antecedentes que posteriormente surgieron.