Diputados impulsan proyecto para suspender por cinco años la Ley Karin y revisar su aplicación
Parlamentarios oficialistas, libertarios y PDG, plantean que la normativa ha generado una sobrecarga en el sistema de denuncias laborales y proponen congelar temporalmente su vigencia para introducir cambios al diseño.
A casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto que busca suspender su aplicación durante cinco años con el objetivo de revisar su diseño y proponer modificaciones antes de que vuelva a regir.
Diputados buscan suspender la Ley Karin y abrir una revisión de la normativa
La iniciativa fue ingresada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, Renovación Nacional y el Partido de la Gente, quienes sostienen que la normativa cumplió un rol al abrir un canal institucional para denunciar casos de acoso y violencia en el trabajo, pero que su implementación ha evidenciado problemas que, a su juicio, requieren una corrección de fondo.
La Ley Karin comenzó a regir en agosto de 2024 y estableció nuevas obligaciones para empleadores y organismos públicos en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.
Los argumentos detrás de la propuesta
Los impulsores del proyecto afirman que el número de denuncias ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de investigarlas.
Como respaldo, citan cifras de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, según las cuales entre agosto de 2024 y junio de 2025 se recibieron 44.212 denuncias.
De ese total, un 42% fue clasificado como materia propia de la Ley Karin, mientras que un 40% correspondió a otros conflictos laborales y un 18% permanecía pendiente de clasificación.
Cuestionamientos a los tiempos de tramitación de la Ley Karin
Según los parlamentarios, estos antecedentes muestran que el procedimiento terminó absorbiendo controversias que no necesariamente corresponden al ámbito de la ley, lo que ha retrasado la resolución de los casos que sí califican como acoso o violencia laboral.
Además, sostienen que el plazo legal de 30 días para concluir las investigaciones no se está cumpliendo y que, en algunos casos, la tramitación se extiende entre seis y nueve meses.
¿Qué cambios buscan incorporar?
El proyecto no propone eliminar definitivamente la Ley Karin, sino suspender sus efectos mientras se revisa su funcionamiento.
Durante ese período, los autores plantean elaborar una nueva propuesta que precise los conceptos utilizados por la normativa, incorpore una etapa de admisibilidad para filtrar denuncias y establezca mecanismos frente a eventuales denuncias realizadas de mala fe.
Los diputados también plantean que la pausa permitiría reforzar la capacidad operativa de la Dirección del Trabajo y de los organismos fiscalizadores mediante más recursos y capacitación, con el objetivo de que, una vez reanudada su aplicación, la normativa entregue una respuesta más rápida y efectiva a las víctimas de acoso y violencia laboral.