Marisol Peña afirma que solo el uso de las FF.AA. en barrios críticos exige una reforma constitucional; el resto puede tramitarse por ley
La exministra del Tribunal Constitucional sostuvo que solo el despliegue de las Fuerzas Armadas en barrios críticos requiere modificar la Constitución; el resto de las medidas puede aprobarse por ley.
En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con la académica y exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien analizó la propuesta del Gobierno para reformar la Constitución en materia de seguridad.
Planteó que la mayoría de las iniciativas no requiere modificar la Carta Fundamental y que solo el eventual despliegue de las Fuerzas Armadas en barrios críticos exige una reforma constitucional.
Marisol Peña analiza el alcance constitucional de la agenda de seguridad
La constitucionalista explicó que, si el Ejecutivo pretende asignar a las Fuerzas Armadas tareas de resguardo del orden interno, deberá modificar el texto constitucional que regula sus funciones.
“Eso es lo que yo pienso. Una reforma constitucional como fue la de la infraestructura crítica (…) o bien la modificación del artículo 101, que es el que tiene que ver con las misiones de las Fuerzas Armadas”, afirmó.
En contraste, sostuvo que el resto de las medidas anunciadas puede avanzar por la vía legislativa. “Siempre es muy importante distinguir qué es materia de reforma constitucional y qué es materia de ley”, señaló.
Luego agregó: “No es necesario en este caso intervenir la Carta Fundamental sino que hacerlo por ley”, al referirse a iniciativas como el registro de organizaciones criminales o eventuales cambios al régimen de Gendarmería.
Cuestiona nuevas reformas a la Constitución y propone un derecho a la seguridad
Peña también manifestó reparos a la idea de incorporar expresamente el deber del Estado en materia de seguridad pública a la Constitución.
A su juicio, esa obligación ya se encuentra contemplada en el artículo 1 de la Carta Fundamental. “Sería redundante (…) si se comprende efectivamente el alcance que hoy día tiene la seguridad nacional, a mi juicio, una reforma de este tipo no sería necesaria”, sostuvo.
En lugar de reforzar un deber estatal, propuso reconocer un derecho constitucional a la seguridad. Explicó que un derecho puede hacerse valer ante los tribunales, mientras que un deber funciona únicamente como orientador de políticas públicas. “Lo que habría que establecer es un derecho a la seguridad en la Constitución”, afirmó.
Respecto de los estados de excepción, advirtió que su naturaleza implica necesariamente restricciones a derechos fundamentales.
“La lógica de un Estado de Excepción es facultar a la autoridad administrativa para afectar derechos constitucionales. Quien diga que no es así, no entiende la lógica de los Estados de Excepción”, señaló.
“Yo votaría en contra del requerimiento que pretende impugnar la invariabilidad tributaria”
La exministra también expresó cautela frente a nuevas modificaciones constitucionales. Indicó que la Constitución debe adaptarse a los cambios sociales, pero sin convertirse en una herramienta para responder a cada problema contingente.
A su juicio, revisar el pacto constitucional debe reservarse para situaciones de mayor profundidad institucional.
Finalmente, abordó el requerimiento que deberá resolver el Tribunal Constitucional sobre la invariabilidad tributaria y afirmó que, si aún integrara ese organismo, rechazaría la impugnación.
Argumentó que ese mecanismo fortalece la seguridad jurídica y entrega certeza a quienes realizan inversiones de largo plazo. “Yo votaría en contra del requerimiento que pretende impugnar la invariabilidad tributaria”, concluyó.