Por qué el Gobierno recurrió al TC por la norma de servicios básicos y qué dijo Alvarado sobre el requerimiento que desconocía
El Ejecutivo busca que el Tribunal Constitucional excluya un artículo de la megarreforma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas de catástrofe. La presentación también abrió dudas sobre la coordinación interna del Gobierno.
El Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, disposición que establece la reconexión gratuita de servicios básicos para hogares y mipymes ubicados en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La decisión sumó un nuevo foco político después de que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que no conocía la presentación realizada por el Ejecutivo.
¿Por qué el Gobierno recurrió al TC?
El argumento del Ejecutivo apunta a la forma en que la norma fue incorporada al proyecto. La Moneda sostiene que el artículo quedó fuera de las ideas matrices de la iniciativa original y que, por lo tanto, vulneraría el artículo 69 de la Constitución.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el Gobierno ya había realizado una reserva de constitucionalidad durante la tramitación. “Estamos siendo apegados a la institucionalidad. Esto está fuera de la idea matriz”, afirmó.
El Ejecutivo también descartó utilizar un veto para modificar la disposición. Según Quiroz, esa alternativa habría extendido la tramitación de la megarreforma. “Nos interesa ir rápido con el proyecto de ley”, señaló.
¿Cómo se incorporó la norma a la megarreforma?
La disposición no formaba parte del proyecto original presentado por el Ejecutivo. Durante su tramitación en la Cámara, la propuesta no quedó incorporada inicialmente al texto, pero posteriormente fue renovada en la Sala, donde consiguió los votos necesarios para sumarse al proyecto.
La Cámara aprobó la disposición el 20 de mayo por 80 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones. Posteriormente, la norma continuó su tramitación en el Senado, donde también consiguió respaldo y terminó incorporada al texto despachado por el Congreso.
Este recorrido es parte del argumento del Gobierno ante el TC: La Moneda sostiene que, pese a conseguir los votos necesarios durante la tramitación, la materia no guardaba relación con las ideas matrices que dieron origen al proyecto.
¿Qué establece la norma cuestionada?
El artículo obliga a las empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar sin costo a usuarios residenciales y mipymes en zonas bajo estado de catástrofe, incluso si el corte ocurrió antes de esa declaración.
La disposición fija un máximo de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Además, contempla compensaciones ante incumplimientos.
Quiroz aclaró que el Ejecutivo no rechaza necesariamente el fondo de la propuesta. “No estamos cerrados, en ningún caso, a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo de catástrofe con estos servicios”, sostuvo.
Alvarado reconoce que desconocía el requerimiento
La presentación también abrió interrogantes sobre la coordinación interna del Ejecutivo. Consultado por la decisión de recurrir al TC, Claudio Alvarado reconoció que no estaba informado de la acción impulsada por el Gobierno.
El antecedente añadió un flanco político a una controversia que hasta entonces se había concentrado principalmente en los argumentos constitucionales del Ejecutivo y en la forma en que la disposición llegó a formar parte de la megarreforma.