De las frambuesas al asado con karaoke: la norma sobre autos fiscales que terminó por sacar a Natalia Duco
La salida de Natalia Duco reabrió el debate sobre el uso de autos fiscales, regulado desde 1974 y protagonista de varias polémicas entre autoridades.
La polémica que terminó con la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte tuvo como protagonista a un elemento que ha complicado antes a otras autoridades: el auto fiscal.
El Presidente José Antonio Kast aceptó su renuncia y la del subsecretario Andrés Otero después de que nuevos antecedentes pusieran en entredicho la explicación que la cartera había entregado a la Contraloría por el uso de un vehículo institucional.
Autos fiscales bajo la lupa: una norma de 1974 y una larga historia de polémicas
El episodio ocurrió el 23 de abril, cuando Duco se trasladó hasta el domicilio de una exfuncionaria. Ante la consulta de Contraloría, el ministerio explicó que se trató de una “reunión de trabajo” con integrantes de ambos gabinetes.
Sin embargo, un video, difundido por El deportivo, mostró a la entonces ministra y otros funcionarios en una actividad que incluía asado, karaoke y bebidas.
Una norma de hace más de 50 años regula los autos fiscales
Pero ¿qué puede hacer una autoridad con el vehículo que tiene asignado? La respuesta está principalmente en el Decreto Ley 799, promulgado el 6 de diciembre de 1974 y publicado días después, que regula hasta hoy el uso y circulación de los vehículos estatales.
La norma reemplazó a la Ley 17.054, que ya regulaba esta materia. El propio decreto argumentó que aquella legislación presentaba “diversas deficiencias” y recogió una propuesta formulada ese mismo año por el entonces contralor general.
La regla central parece sencilla: los vehículos estatales están destinados al ejercicio de funciones públicas. El artículo 2 establece que su uso corresponde al desempeño de las “funciones inherentes” al cargo.
Para las altas autoridades existe una regla especial: el artículo 10 permite que los vehículos asignados puedan utilizarse sin restricciones, pero en actividades propias del cargo.
Es decir, que un ministro o subsecretario disponga de un automóvil fiscal no lo convierte en un vehículo para su vida privada.
La regulación también contempla restricciones para la circulación durante sábados en la tarde, domingos y festivos, establece normas para identificar los automóviles estatales y entrega a la Contraloría un rol fiscalizador. Las infracciones pueden derivar en responsabilidad administrativa y llegar incluso a la destitución.
El “Frambuesagate” que terminó con una subsecretaria fuera del Gobierno
Duco no es la primera autoridad que ve comprometida su permanencia en el Gobierno por un vehículo estatal. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2008, durante la primera administración de Michelle Bachelet.
La protagonista fue Elinett Wolff, entonces subsecretaria de Transportes. Wolff mantenía paralelamente un negocio familiar de venta de frambuesas y una investigación periodística reveló que su chofer habría utilizado el vehículo fiscal asignado a la autoridad para repartir pedidos a restaurantes del centro de Santiago.
El episodio rápidamente fue bautizado como el “Frambuesagate”. La controversia llegó a La Moneda y, apenas un día después de conocerse públicamente el caso, Bachelet aceptó la renuncia de Wolff.
Otros casos que han puesto bajo la lupa los autos fiscales
El de Wolff no ha sido el único episodio. En 2010, una auditoría de Contraloría cuestionó al entonces director nacional de Aduanas, Sergio Mújica, por utilizar el vehículo fiscal en el traslado de sus hijos al colegio.
En 2018, la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue denunciada ante el organismo por el uso de un vehículo municipal en el denominado “Kiki Challenge”.
Cuatro años después, Contraloría abrió una investigación contra la entonces gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, luego de denuncias que apuntaban al uso del automóvil fiscal para actividades particulares.
La controversia también alcanzó al gobierno anterior. En marzo de 2026, Contraloría formuló observaciones por el uso del vehículo asignado a la entonces ministra Camila Vallejo para asistir a actividades partidarias en 2023 y 2024, además de otros traslados cuyo carácter institucional fue cuestionado.
Así, desde el “Frambuesagate” hasta el caso Duco, distintas administraciones han enfrentado controversias por una misma frontera: los vehículos del Estado están destinados al ejercicio de funciones públicas y no a actividades particulares de las autoridades.