García Ruminot aborda reforma de seguridad y aclara alcance de las inhabilidades por 15 años
El ministro de la Segpres explicó que las inhabilidades estarán dirigidas a personas condenadas por crimen organizado o terrorismo. El proyecto ingresó con suma urgencia al Senado y también crea un nuevo estado de excepción constitucional.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, entregó detalles sobre la reforma constitucional de seguridad que el Gobierno ingresó este lunes al Senado con suma urgencia, como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental.
Uno de los puntos que concentró la atención durante los últimos días corresponde a las inhabilidades por 15 años. García Ruminot aclaró que la norma tendrá un alcance específico y se aplicará a personas condenadas por crimen organizado o delitos terroristas.
García Ruminot explica las restricciones que propone el Gobierno
El secretario de Estado señaló que el Ejecutivo optó por mantener el plazo de 15 años debido a que existen otras normas que ya consideran ese período. Sin embargo, recalcó que el proyecto todavía deberá pasar por la discusión parlamentaria, instancia en la que su contenido podrá sufrir modificaciones.
Respecto de las eventuales restricciones para acceder a beneficios financiados con recursos fiscales, uno de los aspectos que provocó reparos tras conocerse los primeros borradores, García Ruminot explicó que los detalles no quedarán establecidos directamente en la Constitución.
Ley de quórum calificado definirá las restricciones a beneficios estatales
La propuesta entrega esa definición a una futura ley de quórum calificado, por lo que será el Congreso el encargado de establecer qué prestaciones podrán quedar sujetas a limitaciones y bajo qué condiciones. El ministro sostuvo que esta fórmula permitirá que la regulación cuente con respaldo político y parlamentario.
La reforma también incorpora la seguridad pública como deber del Estado, crea un registro de organizaciones criminales y contempla un mecanismo para declarar a agrupaciones como terroristas o vinculadas al crimen organizado. Además, establece un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública para enfrentar amenazas graves.
García Ruminot reconoció que el Ejecutivo deberá construir acuerdos durante la tramitación, debido al quórum requerido para aprobar una reforma constitucional.