Kast ingresa con suma urgencia reforma constitucional de seguridad: contempla nuevo estado de excepción e inhabilidades
El proyecto inició su tramitación en el Senado y considera ocho modificaciones a la Carta Fundamental, tres menos que las planteadas inicialmente. Entre sus principales medidas está la creación de un estado de excepción de seguridad pública y la posibilidad de restringir determinados beneficios estatales a condenados por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó con suma urgencia al Senado la reforma constitucional de seguridad, iniciativa que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y que sufrió modificaciones después de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo.
Los principales puntos de la reforma constitucional de seguridad
El texto definitivo contempla ocho cambios a la Constitución, en lugar de las 11 medidas evaluadas inicialmente.
La propuesta mantiene como uno de sus ejes incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, además de fortalecer las herramientas para enfrentar organizaciones criminales y terroristas.
Nuevo estado de excepción y restricciones para condenados
Entre las principales novedades está la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá decretarse ante una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública haya sido gravemente afectada.
Su duración podrá alcanzar los 120 días, con una prórroga presidencial por un periodo equivalente. Para nuevas extensiones será necesario el acuerdo del Congreso. Durante su aplicación podrán restringirse la libertad de locomoción, reunión y asociación, además de interceptarse comunicaciones y requisarse bienes.
La reforma también mantiene la posibilidad de establecer inhabilidades para personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, aunque el Ejecutivo modificó la fórmula planteada en los borradores.
Las restricciones concretas a prestaciones financiadas con recursos públicos deberán ser determinadas posteriormente mediante una ley de quórum calificado, en vez de quedar detalladas directamente en la Constitución.
Kast descarta restricciones a prestaciones esenciales y reforma inicia su debate en el Congreso
Kast descartó este lunes que la propuesta signifique dejar a los condenados sin atención médica u otras prestaciones esenciales. El Mandatario aseguró que se respetarán los derechos de salud y que las personas privadas de libertad tendrán acceso a alimentación, medicamentos y condiciones básicas.
La iniciativa también contempla un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y terrorismo, asociado a regímenes penitenciarios diferenciados.
El proyecto necesitará un quórum de cuatro séptimos para avanzar, por lo que el Ejecutivo requerirá apoyos más allá de sus propias filas. La discusión estará marcada por el alcance de las nuevas facultades y las inhabilidades que podrán aplicarse a quienes sean condenados por estos delitos.