Operación Ámsterdam: qué investiga la Fiscalía y cómo funcionaba la presunta red de cannabis que terminó con 38 detenidos
La investigación comenzó en 2024 a partir de un dispensario de Coyhaique y terminó por revelar una estructura que, según la Fiscalía, abarcaba el cultivo, abastecimiento y venta de cannabis a través de locales que operaban bajo una apariencia medicinal. La indagatoria también sigue movimientos de dinero por más de $8 mil millones.
Lo que comenzó en junio de 2024 con una investigación a un dispensario de cannabis en Coyhaique terminó dos años después en un operativo desplegado en nueve regiones del país y con 38 personas detenidas.
Se trata de la denominada Operación Ámsterdam, investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros.
Este miércoles, el Ministerio Público comenzó a formalizar a los imputados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por delitos que incluyen tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita y lavado de activos.
¿Qué investiga la Operación Ámsterdam?
La tesis de la Fiscalía apunta a una presunta organización que habría utilizado dispensarios de cannabis medicinal como fachada para comercializar marihuana de manera ilegal.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la estructura tenía distintos niveles. Un grupo estaba encargado de la dirección y administración del negocio; otro, de producir y abastecer cannabis; y un tercero tenía como función su comercialización y distribución.
En el centro de la indagatoria aparece DN Medcorp SpA, sociedad vinculada a Dispensario Nacional. Según la Fiscalía, su principal accionista era Andrés Astorga Rodríguez, con un 51%, mientras Gino Athens mantenía un 29%. El porcentaje restante estaba distribuido entre cinco accionistas minoritarios.
Entre estos últimos aparece Martín Krauss Valdés, empresario y exgerente general de Rotter & Krauss.
Krauss figura como accionista minoritario de DN Medcorp, aunque los antecedentes públicos revisados hasta ahora no permiten atribuirle por ese solo hecho un papel directivo dentro de la presunta organización. Su nombre adquirió notoriedad pública además por ser pareja de la exministra vocera de Gobierno Mara Sedini.
Entre los imputados también figura Camilo Huerta, conocido por su participación en programas de televisión. Su nombre apareció entre los detenidos durante el operativo y forma parte del grupo de personas cuya eventual responsabilidad deberá determinarse en el proceso judicial y que este miércoles quedó con arresto domiciliario total.
El punto clave: la producción de marihuana
La investigación también busca reconstruir de dónde provenía el cannabis que llegaba hasta los dispensarios.
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, una de las empresas encargadas de la producción era MA Botanics, que mantenía un cultivo en Pelarco, Región del Maule. La sociedad contaba con una autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para cultivar cannabis con CBD.
El problema, según la tesis del Ministerio Público, es que esa autorización habría sido utilizada para producir también plantas con THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, que posteriormente habrían sido destinadas a la red de dispensarios.
Los investigadores también identificaron cultivos en otros puntos del país, entre ellos Algarrobo, Peñaflor, Curacaví, Pirque y el sector de Puchuncaví-Quintero.
¿Por qué los dispensarios están bajo investigación?
La existencia de un dispensario o de una receta medicinal no convierte automáticamente en legal cualquier forma de producción o comercialización de cannabis.
Precisamente eso busca establecer la investigación. La Fiscalía sostiene que la estructura exigía a sus usuarios inscribirse como socios, presentar una receta médica, pagar una cuota de incorporación y entregar un certificado de antecedentes.
Sin embargo, para el Ministerio Público, esas exigencias habrían servido para dar una apariencia de legalidad a un sistema abierto de venta de cannabis.
Durante la investigación, el OS-7 realizó seguimientos, interceptaciones telefónicas y otras diligencias destinadas a establecer cómo funcionaba la cadena desde los cultivos hasta los puntos de venta.
Más de $8 mil millones bajo la lupa
Otro eje de la Operación Ámsterdam es seguir el dinero generado por el negocio. Un informe incorporado a la causa señala que DN Medcorp recibió transferencias, depósitos y otros ingresos por $8.089 millones durante el período analizado por los investigadores.
La Fiscalía deberá determinar ahora qué parte de esos recursos provino de actividades ilícitas y acreditar su eventual relación con el delito de lavado de activos.
La semana pasada, la investigación desembocó en un operativo de gran escala: 42 órdenes de entrada y registro en nueve regiones, desde Antofagasta hasta Aysén, con más de 500 carabineros y cerca de 20 fiscales desplegados en terreno.
La formalización abre ahora la etapa judicial más relevante del caso. La Fiscalía deberá demostrar que detrás de sociedades, cultivos autorizados y dispensarios formalmente constituidos existió, como sostiene su investigación, una estructura organizada para producir, abastecer y comercializar cannabis fuera de la ley.