Reforma de seguridad de Kast abre diferencias en el oficialismo por nuevas atribuciones del Ejecutivo
Parlamentarios de RN y Evópoli han planteado reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Gobierno, su duración, la interceptación de comunicaciones y las restricciones que podrían aplicarse a condenados por crimen organizado y terrorismo.
El proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast abrió diferencias dentro del propio oficialismo, principalmente por las atribuciones que contempla el nuevo estado de excepción y las restricciones aplicables a condenados por crimen organizado y terrorismo.
Nuevo estado de excepción: qué facultades tendría el Presidente
La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y contempla ocho modificaciones a la Constitución.
Entre sus principales puntos está la creación de un estado de excepción de seguridad pública que podrá ser decretado inicialmente por hasta 120 días y prorrogado por el Presidente por otros 120. Solo para extensiones posteriores será necesario el acuerdo del Congreso.
Durante su vigencia, el Mandatario podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de restringir el derecho de asociación e interceptar, abrir o registrar comunicaciones.
Cuestionamientos en Evópoli por duración y atribuciones
Uno de los principales cuestionamientos desde el oficialismo apunta precisamente a la duración y atribuciones del nuevo estado de excepción.
El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sostuvo que la propuesta entrega facultades excesivas al Presidente y cuestionó que puedan extenderse durante 240 días sin control del Congreso, reparo que también planteó el senador independiente e integrante de la bancada de Evópoli, Matías Walker.
Ágenda Seguridad es prioridad y contará con apoyo @evopoli
Estado Excepción Seguridad concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición debe ser corregido.
No se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control Congreso en 240 días pic.twitter.com/u5IYjSkT0v
— Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) August 18, 2026
240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias @valenzuelagabi https://t.co/zfbebkaOSN
— Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 18, 2026
Una posición similar manifestó el vicepresidente de Evópoli y exministro del Interior Gonzalo Blumel, en el programa Desde la Redacción, quien advirtió sobre la entrega de herramientas al Estado capaces de afectar derechos fundamentales. En particular, cuestionó la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial.
RN cuestiona falta de diálogo previo y plantea dudas sobre el proyecto
Las diferencias también llegaron a Renovación Nacional. El senador Andrés Longton, cuestionó en conversación con Radio Agricultura, la falta de trabajo prelegislativo y advirtió que el proyecto no fue suficientemente conversado con las bancadas antes de su presentación.
La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, en entrevista con T13 Radio, apuntó en la misma dirección y aseguró que todavía existen dudas sobre distintos aspectos de la propuesta.
La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, en tanto, señaló que compartir el objetivo de combatir la delincuencia no implica aprobar automáticamente cada una de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
Diferencias por las restricciones a condenados
Otro punto que ha generado diferencias corresponde a las consecuencias para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo.
Un borrador previo de la reforma contemplaba restricciones a prestaciones sociales, incluyendo ámbitos como salud, educación y seguridad social. La propuesta provocó reparos incluso dentro de sectores oficialistas.
El texto finalmente ingresado al Congreso establece inhabilidades y restricciones para condenados por estos delitos, pero dispone que sus alcances sean determinados mediante una ley de quorum calificado.
Balladares, sin embargo, sostuvo que todavía existen dudas respecto de estas inhabilidades y mencionó específicamente garantías constitucionales relacionadas con salud y educación.
Gobierno necesita votos dentro y fuera del oficialismo
Las diferencias adquieren relevancia por el quorum necesario para aprobar la reforma. Al tratarse de modificaciones constitucionales, el Ejecutivo requiere cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio y no cuenta por sí solo con los votos suficientes.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró favorable al proyecto, pero reconoció que será necesario dialogar y realizar modificaciones para alcanzar los votos requeridos, siempre que los cambios no alteren el objetivo central de la iniciativa.