Gobierno evalúa aplazar hasta 2027 la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales
El Ejecutivo analiza modificar el calendario de implementación de la normativa, que actualmente comenzará a regir el próximo 1 de diciembre. La fórmula en estudio permitiría poner en marcha primero la nueva Agencia de Protección de Datos Personales.
El Gobierno mantiene en evaluación una eventual postergación de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, prevista para el próximo 1 de diciembre de 2026.
La normativa introduce nuevas exigencias para organismos públicos y empresas que recopilan y utilizan información personal.
Ley de Protección de Datos Personales podría aplazar su vigencia
La posibilidad había sido reconocida a comienzos de agosto por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. La autoridad confirmó entonces que el Ejecutivo analizaba el escenario junto a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), aunque sin anunciar una decisión definitiva sobre los plazos.
Uno de los antecedentes que rodean la discusión es el retraso en la puesta en marcha de la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo autónomo que tendrá entre sus principales funciones fiscalizar el cumplimiento de la normativa y aplicar las sanciones establecidas por la legislación.
La instalación de la entidad sufrió un revés después de que el Senado rechazara en mayo la propuesta del Ejecutivo para integrar su consejo directivo. La Agencia debía estar constituida a más tardar seis meses antes de que comenzara a regir la nueva legislación.
Las nuevas obligaciones que establece la ley
La normativa busca actualizar el sistema chileno de protección de datos y establece mayores exigencias para quienes realizan tratamiento de información personal.
Entre otros aspectos, reconoce derechos para que las personas puedan acceder a sus datos, solicitar su rectificación, pedir su eliminación en determinados casos y oponerse a ciertos tratamientos.
Para las empresas, el nuevo marco implica adecuar procedimientos internos y establecer mecanismos que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones sobre tratamiento y seguridad de la información.
La ley también establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones. Las multas dependerán de la gravedad de los incumplimientos y pueden aumentar en casos de reincidencia.
Por ahora, la entrada en vigencia continúa fijada para el 1 de diciembre de 2026. Cualquier cambio en ese calendario requerirá una modificación legal y su correspondiente tramitación en el Congreso.