Responsabilidad penal adolescente: las modificaciones que avanzan en el Senado y los puntos que siguen abiertos
La Comisión de Constitución ha avanzado en el aumento de las penas máximas y en nuevas reglas para delitos graves, reincidencia y cumplimiento de condenas. La iniciativa sigue en discusión particular y aún existen materias sin acuerdo.
El Senado avanza en una reforma que busca endurecer la respuesta penal frente a adolescentes que cometen delitos graves o de manera reiterada.
La iniciativa modifica la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente y actualmente cumple su segundo trámite constitucional, con la votación en particular todavía abierta en la Comisión de Constitución.
La discusión se ha desarrollado durante varias sesiones desde agosto y apunta a modificar aspectos centrales del sistema: desde la extensión de las condenas hasta las condiciones para acceder a sustituciones de penas y las consecuencias de cometer nuevos delitos mientras se cumple una sanción.
Aumento de penas, delitos graves y reincidencia
Uno de los cambios centrales ya aprobados en comisión es el aumento de las penas máximas. El nuevo esquema establece un techo de hasta 10 años para el tramo de menor edad y de 15 años para adolescentes de 16 y 17 años, cuando se trate de los delitos de mayor gravedad.
También se incorporaron criterios más objetivos para determinar las condenas y una regla especial para determinados delitos contra la propiedad, como portonazos y encerronas.
La modificación busca evitar que la diferencia entre un delito consumado, frustrado o tentado produzca reducciones que permitan una rápida recuperación de la libertad.
La reforma contempla además un tratamiento más severo de la reincidencia y busca aumentar el cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad cuando existen delitos graves o reiterados.
Nuevas reglas para cumplir las condenas
El endurecimiento no se limita a la duración de las penas. La comisión también ha revisado las condiciones bajo las cuales un adolescente puede obtener una sustitución o remisión de su condena.
Entre los antecedentes que deberán ponderarse aparecen el cumplimiento del plan de intervención, los informes técnicos, eventuales quebrantamientos y el riesgo de que el adolescente vuelva a delinquir.
A esto se suma una mayor participación de las víctimas, quienes deberán ser notificadas y podrán ser escuchadas antes de determinadas resoluciones relacionadas con el cumplimiento de la sanción.
Otro cambio apunta a la internación provisoria. Si un tribunal dispone la libertad de un adolescente imputado y la resolución es apelada, la reforma establece que permanezca privado de libertad mientras la Corte de Apelaciones resuelve el recurso.
Los puntos que todavía no están cerrados de la responsabilidad penal
Pese a los avances, la reforma aún no está despachada por la Comisión de Constitución. Entre las materias que requieren nuevas definiciones está qué ocurre cuando un adolescente comete un nuevo delito mientras ya cumple una condena, especialmente dentro de un centro de internación.
La discusión busca evitar que la aplicación del actual sistema de pena única genere casos en los que una nueva infracción no se traduzca en una consecuencia penal adicional efectiva.
El traslado a Gendarmería de quienes cumplen 18 años sigue pendiente
También permanece abierta la regulación para quienes cumplen 18 años mientras están internados.
La discusión apunta a determinar bajo qué condiciones podrán ser trasladados a secciones juveniles administradas por Gendarmería y cómo compatibilizar esa separación entre adultos y menores con la continuidad de los procesos de reinserción.
La Comisión de Constitución mantiene el proyecto en su tabla y este lunes 7 de septiembre volvió a sesionar para continuar el análisis de las indicaciones, con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entre los invitados.