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Senado retoma este martes votación de Sala Cuna Universal bajo presión de organizaciones y críticas de trabajadoras

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POR María Alejandra Gallardo Contreras |

La Cámara Alta buscará despachar este martes el proyecto que elimina la exigencia de 20 mujeres por empresa y amplía el beneficio a padres, independientes y trabajadoras de casa particular. El financiamiento y la calidad de los establecimientos concentran las diferencias.

La Sala del Senado retomará este martes la votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal, después de que la sesión anterior terminara suspendida por manifestaciones en las tribunas.

Si la Cámara Alta despacha completamente el articulado, la iniciativa avanzará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite constitucional.

En vísperas de la votación, el movimiento Sala Cuna Hoy, que reúne a más de 30 organizaciones sociales, entregó una carta al Gobierno y al Congreso para solicitar el avance de la reforma. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que la corporación sesionará hasta su total despacho.

El fin del límite de 20 trabajadoras

El proyecto modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a proporcionar sala cuna únicamente a las empresas con 20 o más mujeres contratadas.

La propuesta elimina ese límite y extiende gradualmente el acceso a mujeres de empresas pequeñas, padres, cuidadores legales, trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular. Su aplicación completa se alcanzaría en cuatro años.

Además, crea un Fondo de Sala Cuna financiado mediante una cotización patronal de 0,35%, compensada con una rebaja equivalente en los aportes del empleador al Seguro de Cesantía. También considera recursos fiscales y una garantía estatal ante eventuales déficits.

Financiamiento, copago y calidad concentran las críticas

Pese al respaldo transversal al objetivo del proyecto, persisten cuestionamientos sobre el uso de recursos asociados al Seguro de Cesantía, la posibilidad de copago y el estándar exigido a los establecimientos.

La CUT y asociaciones de trabajadoras de jardines infantiles también cuestionan el papel asignado a los recintos públicos y advierten sobre una eventual concentración de la oferta en prestadores privados.

El Gobierno sostiene que la fórmula permite ampliar la cobertura sin aumentar el costo de contratación y que ayudará a eliminar una barrera histórica para el empleo femenino.