Gobierno reduce sanciones del Registro de Vándalos: mantiene PGU y subsidios habitacionales
El Ejecutivo ingresó indicaciones que separan los actos vandálicos de las incivilidades, reducen los delitos incluidos y limitan la eventual pérdida de gratuidad a condenados por ilícitos graves.
El Gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto que crea el denominado Registro de Vándalos y eliminó la suspensión de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las restricciones para acceder a subsidios habitacionales.
Las modificaciones también dividen la nómina original en dos: el Registro Nacional de Actos Vandálicos, destinado a personas condenadas por delitos, y el Registro Nacional de Incivilidades, para infracciones de menor gravedad.
Ejecutivo modifica el proyecto tras los cuestionamientos constitucionales
La suspensión de la gratuidad universitaria continuará en la propuesta, pero con un alcance más limitado. Esta sanción solo podrá aplicarse a quienes ingresen al registro por delitos considerados graves y ya no afectará a las personas incorporadas por incivilidades.
El Ejecutivo también redujo el catálogo de ilícitos. Entre los delitos eliminados figuran las agresiones contra fiscales, defensores públicos, funcionarios de la salud y Carabineros, además del tráfico y microtráfico de drogas y la participación en casas de juego.
En el registro de incivilidades se incorporó la producción de ruidos en condominios durante las horas de descanso y se retiró la organización de loterías no autorizadas. Las personas sancionadas por una incivilidad también podrán evitar su incorporación al registro mediante trabajos comunitarios.
Jueces definirán las sanciones bajo criterios de proporcionalidad
Las indicaciones entregan mayor capacidad de decisión a los jueces, quienes deberán determinar las sanciones y el tiempo durante el cual una persona permanecerá inscrita.
El afectado también podrá solicitar que se excluya una restricción si esta dificulta gravemente el ejercicio de una actividad laboral indispensable para obtener ingresos.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que los cambios buscan fortalecer la proporcionalidad del sistema y evitar efectos sobre las familias de los infractores.
Las enmiendas consideran parte del fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de Escuelas Protegidas. En esa resolución, el organismo declaró inconstitucional retirar la gratuidad a estudiantes sancionados, debido a que podía interrumpir estudios ya iniciados y establecer diferencias arbitrarias según la situación económica.