Ministro Rabat confirma más de 100 solicitudes de indulto y que la mayoría corresponde a hechos de 1973
El titular de Justicia indicó que los expedientes todavía no llegan al Presidente José Antonio Kast y descartó fijar un plazo para resolverlos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera mantiene más de 100 solicitudes de indulto particular bajo revisión, cifra que casi cuadruplica los 28 requerimientos informados ante el Senado en abril.
Ministro Rabat detalla el proceso para resolver las solicitudes de indulto
“Las solicitudes son bastantes, son más de 100 hoy día. Las carpetas se han ido ordenando y hay un número importante en mi escritorio también para analizar”, declaró Rabat en Mesa Central de Canal 13.
El secretario de Estado precisó que las peticiones corresponden mayoritariamente a condenas por hechos ocurridos en 1973. También existen requerimientos vinculados a delitos cometidos durante el estallido social de 2019, aunque representan una proporción “muy reducida”.
El Gobierno descarta fijar un plazo para resolver las solicitudes
En abril, Rabat había informado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que existían 28 solicitudes: 20 fueron presentadas antes del 11 de marzo y ocho ingresaron después de esa fecha. En agosto, el ministro elevó el número a cerca de 80 y ahora confirmó que la cantidad superó el centenar.
El Presidente José Antonio Kast todavía no recibe los expedientes. Antes de llegar a sus manos, el Ministerio de Justicia debe ordenar los antecedentes y realizar una evaluación técnica de cada carpeta.
Rabat explicó que la ley no fija un plazo para resolver las peticiones y descartó imponerse una fecha. “Muchas veces lo que hay que hacer es un estudio muy cuidadoso”, sostuvo.
Rabat descarta una decisión general y reafirma la revisión caso a caso
El ministro también descartó una decisión general para determinados grupos de condenados. Según afirmó, cada solicitud deberá terminar con una resolución fundada y ajustada a derecho.
El indulto particular permite remitir, reducir o reemplazar una pena impuesta por una sentencia firme, pero no elimina la condena ni borra la responsabilidad penal. La decisión final corresponde al Presidente de la República.