Exjefe ambiental del gobierno de Boric asesora a minera que busca explotar litio en Laguna Verde
Sebastián Aylwin lideró cambios al reglamento de evaluación ambiental y, cuatro meses después de dejar el Ejecutivo, se incorporó a CleanTech Lithium. Su contratación es legal, pero reabrió el debate sobre las restricciones para exfuncionarios públicos.
Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, comenzó a asesorar a CleanTech Lithium cuatro meses después de abandonar el Ejecutivo.
Según una investigación de CIPER, el abogado tendrá a su cargo la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que la empresa busca desarrollar en el salar de Laguna Verde, en la Región de Atacama.
Aylwin encabezará la tramitación ambiental del proyecto
Antes de incorporarse a la compañía, Aylwin lideró las reformas al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instrumento que establece las reglas para analizar los proyectos de inversión.
El abogado dejó el ministerio el 10 de marzo y se sumó a CleanTech el 1 de julio. Su contratación no infringe la legislación, ya que la restricción de seis meses para pasar al sector privado solo afecta a exfuncionarios de organismos fiscalizadores.
Aylwin descartó un conflicto de interés y aseguró a CIPER que las modificaciones que encabezó no entregan beneficios directos ni indirectos al proyecto. CleanTech también sostuvo que su incorporación ocurrió después del término de sus funciones públicas.
Contraloría mantiene detenido el contrato
Durante la administración de Gabriel Boric, CleanTech obtuvo mediante trato directo un Contrato Especial de Operación de Litio. El acuerdo contempla una concesión por 40 años, una producción anual de 15 mil toneladas y una inversión estimada de US$748 millones.
Contraloría frenó la toma de razón y formuló observaciones sobre la justificación del trato directo y la sustentabilidad económica de la empresa.
CIPER también informó que un estudio de la Universidad de Antofagasta advirtió en 2025 que la extracción de salmuera podría acelerar la pérdida de agua y afectar la estabilidad ecológica del salar.