Contraloría detecta funcionarios suspendidos durante años y millonarios pagos por sumarios sin resolver
El organismo encontró 485 trabajadores de la Administración Central apartados preventivamente de sus funciones y todavía con remuneración. Treinta acumulan más de tres años en esta condición.
La Contraloría General de la República detectó 485 trabajadores de la Administración Central apartados preventivamente de sus funciones debido a sumarios que todavía no concluyen.
Una medida excepcional y transitoria terminó convertida en una suspensión de varios años para decenas de funcionarios públicos.
El antecedente más crítico corresponde a 30 funcionarios que llevan más de tres años suspendidos y continúan recibiendo sus remuneraciones. Trece de ellos superan los cuatro años, mientras otros 17 acumulan entre tres y cuatro años en esa condición.
Sumarios sin resolver mantienen a funcionarios suspendidos y con sueldo durante años
El caso más extenso afecta a un trabajador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, cuya suspensión alcanza aproximadamente cuatro años y siete meses.
Le siguen funcionarios del SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
La extensión de estos procedimientos tiene consecuencias fiscales. De acuerdo con el informe, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones correspondientes únicamente a los diez casos más prolongados.
Además, 22 funcionarios suspendidos registraron otras actividades remuneradas durante ese periodo, según información del Servicio de Impuestos Internos.
La fiscalización también reveló dificultades administrativas que ayudan a explicar las demoras. Los sumarios de 20 trabajadores permanecen a cargo de fiscales que ya no prestan servicios en las instituciones respectivas. En otro caso, el fiscal que decretó una suspensión también estaba suspendido.
Contraloría asumirá los sumarios más extensos e investigará las demoras
Contraloría identificó, además, dos funcionarios que cumplían prisión preventiva mientras permanecían suspendidos de sus cargos. Otros trabajadores viajaron fuera del país o asistieron a casinos durante el periodo investigado.
Ante estos antecedentes, el organismo asumirá la tramitación de los 30 procesos que superan los tres años y examinará eventuales responsabilidades por su retraso.
Los servicios con suspensiones superiores a un año tendrán 15 días hábiles para explicar el estado de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o adoptar acciones para resolverlos.
La Contraloría recordó que una suspensión preventiva no constituye una sanción y solo debe mantenerse mientras resulte indispensable para proteger la investigación.