Gobierno cede ante críticas e incorporará a sindicatos en proyecto de adaptabilidad de las 40 horas
La indicación permitirá que las organizaciones sindicales participen en los acuerdos para distribuir la jornada en ciclos de hasta 16 semanas. El Ejecutivo también prepara un nuevo reglamento para mejorar la aplicación de la Ley Karin.
El Gobierno modificará uno de los puntos más controvertidos de su proyecto de adaptabilidad laboral: la exclusión de los sindicatos de los acuerdos destinados a distribuir la jornada de trabajo en períodos más extensos.
La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo de la Cámara, permite calcular la jornada semanal dentro de ciclos de hasta 16 semanas. La legislación actual establece un período máximo de cuatro semanas.
Gobierno ajusta su agenda laboral tras críticas al proyecto de adaptabilidad
Durante esos ciclos, algunas semanas podrían alcanzar las 45 horas ordinarias, siempre que el promedio final respete la jornada legal, que actualmente corresponde a 42 horas y bajará a 40 en abril de 2028.
La propuesta original contemplaba un acuerdo directo entre cada trabajador y su empleador. Sin embargo, las críticas planteadas durante la discusión llevaron al Ejecutivo a preparar una indicación para incorporar a las organizaciones sindicales.
Proyecto contempla un régimen especial para el turismo
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, afirmó que el cambio se encuentra conversado y consensuado. La indicación debería conocerse durante las próximas sesiones de la comisión, que aprobó la idea de legislar por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención.
El proyecto también establece un régimen especial para el turismo y actividades relacionadas. En esos sectores, caracterizados por una fuerte estacionalidad, la jornada podría promediarse en ciclos de hasta 52 semanas.
Rosende también informó que el Ministerio del Trabajo terminó la elaboración de los cambios al reglamento de la Ley Karin. El documento espera la firma del Presidente de la República y después deberá ingresar a la Contraloría para su toma de razón.
El Ejecutivo espera que las nuevas disposiciones entren en vigencia antes de fines de 2026. Los ajustes no modifican el contenido central de la ley, sino los procedimientos de investigación ante denuncias de acoso o violencia laboral.
El Gobierno también evalúa solicitar un dictamen de la Dirección del Trabajo para aclarar los aspectos más técnicos del reglamento y facilitar su aplicación. Tras evaluar los resultados de estas correcciones, decidirá si resulta necesario impulsar modificaciones legales.