Más de 3,7 millones de electores serán denunciados por no votar: jueces advierten sobrecarga
El Servel espera concluir entre octubre y noviembre la revisión de los padrones de las elecciones de 2025. Los infractores arriesgan multas de hasta $108 mil, aunque cada tribunal deberá evaluar las excusas presentadas.
El Servicio Electoral denunciará ante los juzgados de policía local a 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, pese al carácter obligatorio del voto.
La cifra fue entregada por el director del Servel, Raúl García, durante una sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso, instancia en la cual el organismo expuso su ejecución presupuestaria.
Servel inicia proceso contra más de 3,7 millones de electores que no sufragaron
“En ambas elecciones hemos contabilizado 3.760.261 electores que no sufragaron y que van a ser denunciados como lo ordena la ley”, explicó García.
Antes de remitir los antecedentes, el Servicio debe completar la revisión de los padrones de cada mesa para identificar a quienes no concurrieron. García proyectó que ese proceso concluirá entre octubre y noviembre.
Denuncia no implica una multa automática
Las personas denunciadas arriesgan una sanción de entre 0,5 y 1,5 UTM, equivalente a montos que van aproximadamente desde $36 mil hasta $108 mil. Sin embargo, la presentación de la denuncia no significa que todos los electores recibirán una multa.
Cada juzgado deberá citar a los denunciados y revisar las razones de su ausencia. La ley admite como excusas estar enfermo, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, cumplir funciones electorales o enfrentar otro impedimento grave debidamente acreditado.
Juzgados alertan por impacto de las causas
El presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, Francisco Ríos, advirtió que los más de 3,7 millones de casos representarán una “sobrecarga extra” para tribunales que todavía mantienen parte de sus trámites en papel.
Ríos también cuestionó la capacidad del sistema para ejecutar las sanciones. Según explicó, algunos juzgados reciben miles de denuncias en dispositivos digitales, pero deben registrarlas manualmente si carecen de plataformas adecuadas.
Además, afirmó que muchas multas no se pagan y que casi todas las órdenes de reclusión despachadas por estos tribunales resultan ineficaces.