Pavez valora incorporación del maltrato animal al Registro de Vándalos y pide acelerar sumarios pendientes
El subsecretario del Interior destacó los cambios aprobados por la Comisión de Seguridad de la Cámara, que redujo de 23 a 14 los delitos incluidos en el proyecto. Además, calificó como “no deseable” que funcionarios permanezcan suspendidos durante años con goce de sueldo.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró el avance del proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa con la que el Gobierno busca aplicar sanciones adicionales a quienes cometan delitos o conductas graves contra la propiedad y el orden público.
Durante la discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo redujo de 23 a 14 los delitos que permitirían incorporar a una persona al registro. Entre las conductas retiradas figuran los homicidios, las amenazas contra fiscales o defensores públicos y la participación en casas de apuestas.
Pavez defendió que la propuesta se concentre en hechos directamente relacionados con el vandalismo y las alteraciones graves del orden público, como el secuestro o quema de buses, el uso de bombas molotov y los ataques contra monumentos históricos.
Comisión incorpora maltrato animal y vertimiento ilegal de residuos
La instancia también respaldó la incorporación del maltrato animal y el vertimiento ilegal de residuos. El subsecretario afirmó que ambas conductas mantienen la coherencia del proyecto y requieren una respuesta efectiva del Estado.
La iniciativa contempla restricciones temporales para acceder a determinados beneficios estatales, aunque el Ejecutivo ha impulsado criterios de proporcionalidad según la gravedad de cada caso.
“Queremos avanzar en una legislación que permita que conductas graves que afectan la convivencia y el orden público no queden impunes”, sostuvo Pavez.
Pavez cuestiona extensa duración de sumarios
El subsecretario también abordó el informe de Contraloría que identificó a 485 funcionarios suspendidos preventivamente entre 2020 y marzo de 2026. De ellos, 390 permanecieron apartados durante más de un año, 30 superaron los tres años y 13 acumularon más de cuatro años. El caso más prolongado llegó a cuatro años y siete meses.
Pavez explicó que la legislación permite mantener las remuneraciones durante la suspensión cautelar, pero consideró cuestionable la extensión de los procedimientos.
“Lo fundamental es que las investigaciones concluyan con celeridad”, afirmó. Contraloría asumirá directamente los 30 procesos que superan los tres años y exigirá explicaciones a los servicios que registren suspensiones superiores a un año.