¿Por qué el desalojo de una mujer de 87 años de la casa donde vivió durante siete décadas causó indignación en España?
Maricarmen Abascal fue desalojada de su vivienda en Madrid tras una disputa por el arriendo. El caso provocó protestas por el aumento del alquiler, su situación de salud y la falta de una solución habitacional acordada.
Maricarmen Abascal, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50 %, fue desalojada el miércoles 23 de septiembre del departamento donde vivía desde 1956, en el distrito de Retiro, en Madrid.
La orden judicial se ejecutó en el cuarto intento, pese a la presencia de cientos de vecinos y activistas que se concentraron frente al edificio para impedirla. La mujer salió en camilla y fue trasladada en ambulancia.
El aumento del arriendo y las protestas por el desalojo de Maricarmen
El caso generó indignación entre quienes protestaron porque Maricarmen había vivido allí por más de siete décadas y el alquiler que le exigía la actual propietaria superaba sus ingresos.
Su desalojo también abrió una discusión sobre las alternativas disponibles para una persona mayor con discapacidad que pierde su vivienda.
¿Por qué debía dejar el departamento?
El padre de Maricarmen firmó el contrato de arriendo en 1956, bajo un régimen español conocido como renta antigua, que mantenía el alquiler en un monto inferior al precio actual del mercado.
Tras su muerte, su esposa asumió el contrato y continuó viviendo allí. Según los antecedentes del caso, la ley no permitía que Maricarmen heredara nuevamente ese mismo contrato. La empresa que hoy es dueña del edificio pudo, por ello, pedir judicialmente el término del arriendo.
Maricarmen pagaba cerca de 500 euros al mes. La nueva propietaria le propuso un contrato por 2.650 euros mensuales y después ofreció reducir el monto a 1.650 euros.
Incluso ese valor rebajado superaba su pensión de 1.350 euros al mes: para permanecer en el departamento tendría que pagar más de lo que recibe.
Las protestas y las gestiones previas
Vecinos y organizaciones que defienden a quienes arriendan viviendas se movilizaron durante los días previos al desalojo.
Según informó El País, una escritora que pidió mantener su identidad en reserva se ofreció a pagar la diferencia entre el arriendo que abonaba Maricarmen y el monto exigido por la empresa propietaria.
El Ministerio de Vivienda español señaló que había intentado comprar el departamento y respaldó una solicitud de la ONU para suspender temporalmente el desalojo. Ninguna de esas gestiones logró detenerlo.
Sobre una posible reubicación, el Ayuntamiento de Madrid aseguró que le ofreció a Maricarmen ayuda para encontrar otra vivienda y otras alternativas de alojamiento.
Sin embargo, en declaraciones recogidas por El País antes del desalojo, ella sostuvo que nadie del municipio se había comunicado directamente con ella. Las versiones contrapuestas se sumaron a los cuestionamientos de las organizaciones que la apoyaban.