Comisión mixta acuerda ampliar a cinco años la prohibición de reingreso para extranjeros expulsados
El proyecto también permitiría a la PDI ingresar a un domicilio, con autorización judicial, para ejecutar una orden de expulsión firme. El acuerdo debe ser votado por la Cámara y el Senado.
La comisión mixta despachó este lunes un acuerdo para modificar el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros. La propuesta eleva de tres a cinco años el plazo mínimo durante el cual una persona expulsada tendrá prohibido volver a Chile.
Ese plazo fue el punto que enfrentó a ambas cámaras: la Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado el mínimo de cinco años, pero el Senado eliminó la disposición. La diferencia llevó el proyecto a comisión mixta, donde las propuestas pendientes recibieron apoyo unánime.
Nuevas facultades para ejecutar las expulsiones
El texto permitiría que la Policía de Investigaciones solicite autorización a un juez de garantía para entrar a un domicilio y detener a una persona con una orden de expulsión firme. El objetivo es hacer efectiva una medida que ya fue dictada y cuya ejecución está pendiente.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que hoy la PDI carece de esa facultad en estos casos. La autorización judicial será un requisito previo para el ingreso al domicilio.
La iniciativa aborda, además, las expulsiones de extranjeros sujetos a procedimientos penales. Para determinados delitos, la medida podría ejecutarse sin esperar que concluya por completo la causa.
Según la presidenta de la comisión mixta, la senadora Danisa Astudillo, el acuerdo incorpora resguardos para las víctimas y busca evitar que una expulsión perjudique investigaciones de mayor alcance.
Qué falta para que sea ley
El proyecto modifica la Ley de Migración y Extranjería. Durante su tramitación también se debatieron las formas de notificar las órdenes de expulsión y la información que pueden solicitar las autoridades migratorias.
En esa discusión, el Ejecutivo ajustó una indicación para excluir a colegios y recintos de salud de la obligación de entregar datos.
Tras su despacho en la comisión mixta, el proyecto pasa a votación en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Si ambas corporaciones aprueban el informe, podrá avanzar hacia su promulgación.