Temor a nuevos “mega edificios”: Contraloría toma razón de cambios del Minvu cuestionados por alcaldes
La modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones superó el control de legalidad tras ajustes del ministerio. Los municipios advierten riesgos por una mayor densidad habitacional.
La Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, del decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La decisión permite avanzar hacia su entrada en vigencia, pese a los cuestionamientos de alcaldes que advierten que podría favorecer nuevos “mega edificios”.
Contraloría visa cambios a la normativa urbana pese a reparos de alcaldes por posibles “mega edificios”
El pronunciamiento del 1 de octubre llegó después de que la cartera encabezada por Iván Poduje corrigiera observaciones del organismo. La norma comenzará a regir tras su publicación en el Diario Oficial, prevista para la próxima semana.
La Asociación Chilena de Municipalidades reprochó que el ministerio reingresara el documento sin una conversación previa con los gobiernos locales. Sus reparos apuntan a los efectos sobre la densidad habitacional, los estacionamientos y los conjuntos armónicos.
Nuevo cálculo de densidad permite más viviendas por terreno
Uno de los cambios centrales afecta el cálculo del número de viviendas permitido en un terreno. La propuesta inicial buscaba reemplazar el coeficiente de cuatro habitantes por vivienda por valores de 1,4 y dos. Tras las observaciones, el Minvu eliminó el segundo y mantuvo el primero bajo determinadas condiciones.
En términos prácticos, un coeficiente menor permite más departamentos para una misma densidad autorizada. El Ejecutivo busca aumentar la oferta de viviendas, reducir sus precios y reactivar la construcción.
Qué corrigió el ministerio y qué revisó Contraloría
El decreto también contempla rebajas en estacionamientos para determinados proyectos. Sin embargo, excluye a los condominios de viviendas de interés público sujetos a la obligación legal de contar con uno por vivienda.
Además, el Minvu desistió de sustituir el Informe de Mitigación de Impacto Vial por un informe técnico del Serviu. En reconstrucción, incorporó exigencias sobre áreas de riesgo y protección natural y patrimonial.
Contraloría aclaró que su revisión corresponde a la legalidad del decreto. La toma de razón no constituye una evaluación de la conveniencia de las medidas ni resuelve si producirán los efectos urbanísticos denunciados por los alcaldes.