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Ley de datos personales: senadores proponen prórroga de seis meses frente al año que pide el Gobierno

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POR María Alejandra Gallardo Contreras |

El Ejecutivo busca aplazar la aplicación de la nueva normativa hasta diciembre de 2027. La oposición cuestiona la extensión y plantea alternativas, mientras sigue pendiente la instalación de la agencia que deberá fiscalizar su cumplimiento.

La duración de la postergación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales abrió una diferencia entre el Gobierno y senadores de oposición.

Mientras el Ejecutivo propone retrasar su entrada en vigencia por un año, parlamentarios plantean limitar la prórroga a seis meses o establecer una aplicación por etapas.

La fecha vigente sigue siendo el 1 de diciembre de 2026. El proyecto presentado por el Gobierno busca trasladarla al 1 de diciembre de 2027, pero ese cambio requiere aprobación del Congreso.

El plazo y la instalación de la agencia concentran el debate

Según informó Pulso, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), espera comenzar la discusión en la segunda semana de octubre.

El senador considera excesivo agregar otro año y plantea evaluar que algunas disposiciones comiencen a regir tras seis meses y otras tengan un plazo mayor.

Matías Walker (Demócratas) también cuestionó la extensión, mientras que el senador Juan Luis Castro (PS) propuso que no supere los 180 días.

El Gobierno sostiene que necesita tiempo adicional para instalar la Agencia de Protección de Datos Personales, definir estándares y permitir que entidades públicas y privadas adapten sus sistemas.

Su propuesta también amplía de tres a cinco los integrantes del consejo directivo y fija un quórum de tres miembros.

La conformación de ese organismo ha enfrentado dificultades: una primera propuesta de consejeros fue retirada y una segunda fue rechazada por el Senado en mayo.

Qué cambiará para las personas y las empresas

La Ley 21.719 modifica el régimen de protección de datos y reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad. Esto permitirá, bajo las condiciones legales, conocer qué información posee una entidad, solicitar correcciones o eliminación y obtener una copia para transferirla a otro responsable.

También exige que quienes traten datos respeten finalidades específicas, adopten medidas de seguridad y entreguen información clara sobre su uso. La nueva agencia podrá fiscalizar, resolver reclamos y aplicar sanciones.

La discusión legislativa deberá resolver cuánto tiempo adicional habrá para preparar ese sistema. Hasta que se apruebe una modificación, el calendario legal mantiene diciembre de este año como inicio de la nueva normativa.