Hassler recurre a tribunales para anular resolución de Contraloría por Sierra Bella
La exalcaldesa de Santiago cuestiona la decisión que le atribuyó responsabilidad administrativa por la fallida compra. Su demanda busca anularla y no solicita una indemnización.
La diputada Irací Hassler (PC) pidió a la justicia dejar sin efecto la resolución de Contraloría que estableció su responsabilidad administrativa por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, durante su gestión como alcaldesa de Santiago.
Según informó La Tercera, que tuvo acceso a la demanda, la acción fue presentada ante el 7° Juzgado Civil de Santiago contra el Fisco y el organismo fiscalizador.
La parlamentaria cuestiona la legalidad de la resolución del 14 de mayo. Aunque no recibió una sanción disciplinaria, busca anular los reproches administrativos.
Los argumentos de Hassler para impugnar la resolución
Contraloría objetó que autorizara una compra por cerca de $8.249 millones, cuando el vendedor había pagado unos $2.232 millones seis meses antes. También cuestionó la ausencia de revisión previa de la Dirección de Control municipal.
Hassler sostiene que hubo tres tasaciones independientes y que la diferencia de precios no demuestra, por sí sola, una infracción. Además, afirma que no se transfirieron recursos municipales y que adoptó medidas para detener la operación.
Su defensa acusa errores jurídicos y un exceso de atribuciones de Contraloría. La demanda no solicita compensación económica.
Cómo comenzó la controversia por la exclínica
El caso se remonta a enero de 2023, cuando el municipio aprobó adquirir los inmuebles para instalar una clínica municipal. En febrero, Contraloría ordenó suspender las actuaciones destinadas a concretar la operación.
En abril, el organismo concluyó que las tasaciones no justificaban el precio y exigió proteger el patrimonio municipal. Hassler anunció que no continuaría con la adquisición.
Posteriormente, el municipio recurrió a tribunales para anular el contrato, mientras el vendedor buscó inscribir la propiedad. Esa controversia contractual es distinta de la demanda presentada ahora por la exalcaldesa.