Senadores ingresan reforma de seguridad que amplía el estado de emergencia y permite al Congreso revocarlo
La iniciativa de senadores de oficialismo y oposición modifica el mecanismo vigente y contempla medidas contra el crimen organizado y segregación carcelaria. El Gobierno anunció que no perseverará con su proyecto original.
Una amenaza grave contra la seguridad pública podría habilitar la declaración del estado de emergencia, según la nueva reforma constitucional preparada por senadores de oficialismo y oposición. La propuesta también contempla que el Congreso pueda revocar esa medida en cualquier momento.
Nueva reforma de seguridad propone cambios al estado de emergencia y medidas contra el crimen organizado
El cambio busca permitir una respuesta antes de que se concrete un hecho grave. Para ello, modifica el estado de emergencia vigente y descarta crear un quinto estado de excepción, uno de los aspectos más cuestionados de la iniciativa original del Ejecutivo.
Los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) ingresaron este miércoles 7 de octubre la propuesta, que también cuenta con el respaldo de Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC).
Crimen organizado y segregación carcelaria completan la propuesta
La reforma contempla otros dos ejes. El primero busca establecer que el crimen organizado atenta contra la institucionalidad, los derechos humanos y la convivencia democrática, con un tratamiento constitucional similar al del terrorismo.
También considera inhabilidades para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, entre ellas restricciones para ejercer cargos públicos.
El segundo eje apunta a entregar respaldo constitucional a la segregación de personas privadas de libertad según su peligrosidad.
El objetivo es fortalecer las atribuciones de Gendarmería para aplicar regímenes diferenciados y evitar que integrantes de organizaciones criminales mantengan su influencia dentro de los penales.
Gobierno respalda la propuesta parlamentaria mientras persisten diferencias en la oposición
En materia de comunicaciones, los impulsores señalaron que las interceptaciones telefónicas deberán contar con autorización judicial.
El Gobierno anunció que no continuará con su reforma original y respaldará la alternativa parlamentaria. Sin embargo, el apoyo de senadores de distintos partidos todavía no constituye un acuerdo de toda la oposición.
La senadora Paulina Vodanovic cuestionó previamente la elaboración del texto y negó haber participado en un acuerdo para respaldarlo. El proyecto deberá completar su discusión legislativa antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigencia.