Acción Educar estima déficit de $1,855 billones en instituciones de educación superior por gratuidad
El estudio calcula una brecha acumulada entre 2016 y 2025 y propone cambios al financiamiento, incluida la devolución de recursos por abandono sin justificación.
Una brecha de financiamiento de $1,855 billones acumularon las instituciones de educación superior entre 2016 y 2025 por las reglas de la gratuidad, según un informe de Acción Educar.
La estimación considera diferencias entre los aranceles y los recursos reconocidos, además de restricciones al cobro a determinados estudiantes.
El diagnóstico de Acción Educar sobre el financiamiento de la gratuidad
El documento, elaborado por Javiera Pavišić, calcula que cerca del 69% del déficit corresponde a universidades privadas, pertenecientes y ajenas al Consejo de Rectores. Solo en 2025, la brecha conjunta alcanzó $477.478 millones.
El monto acumulado representa una estimación de la brecha entre los ingresos que las instituciones habrían recibido según sus aranceles y los recursos que percibieron bajo las reglas de financiamiento de la gratuidad.
Cómo se explica la brecha de financiamiento
El principal componente son los $1,277 billones acumulados por la diferencia entre los aranceles de las instituciones y el financiamiento reconocido para estudiantes beneficiarios.
Otros $551.055 millones corresponden a restricciones de cobro a quienes exceden la duración nominal de sus carreras. A ello se suman $27.700 millones por los límites aplicados a estudiantes de los deciles siete, ocho y nueve, que no reciben gratuidad.
El análisis también registra una expansión del beneficio: los estudiantes cubiertos aumentaron de 136.153 en 2016 a 613.227 en 2025, equivalentes al 46,2% de la matrícula de pregrado. Ese último año, el gasto fiscal alcanzó aproximadamente $2,225 billones.
Devolver recursos por abandono sin justificación
Acción Educar propone evaluar un mecanismo que exija devolver los recursos públicos destinados a quienes abandonen sus estudios sin una causa justificada.
La recomendación contempla facilidades de pago y exenciones por enfermedad, situaciones familiares graves o necesidad de trabajar, entre otras circunstancias ajenas a la voluntad del estudiante.
Como fundamento, el informe identifica 272.508 personas que recibieron gratuidad durante al menos un año y posteriormente desertaron. Sus últimos registros de matrícula corresponden al período 2016–2023, con seguimiento hasta 2025. El gasto asociado se estima en $1,6 billones.
La propuesta no constituye una obligación vigente. El centro también recomienda mantener la cobertura en el 60% de menores ingresos, revisar los aranceles regulados y eliminar límites de cobro por sobreduración y para estudiantes de los deciles siete al nueve.