Bukele evalúa una liberación anticipada para colaboradores de pandillas y abre preguntas sobre su política de mano dura
El presidente de El Salvador afirmó que el beneficio podría alcanzar a cerca del 50% de los presos que colaboraron con esas estructuras. La propuesta contempla condiciones y monitoreo, pero carece de plazos y criterios públicos, y contrasta con su discurso de encarcelamiento permanente.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa un plan de liberación anticipada y condicional para personas detenidas por colaborar con pandillas.
Según su estimación, la medida podría beneficiar a cerca de la mitad de los presos de ese grupo, aunque no precisó el número de posibles destinatarios ni cuándo comenzaría a aplicarse.
El anuncio ocurrió el martes 13 de octubre en Casa Presidencial, durante una conferencia sobre una inversión del grupo español Cox. Bukele respondió a una pregunta de La Prensa Gráfica sobre una comisión de revisión de casos cuya existencia había revelado su hermano Ibrajim en abril.
Qué propone Bukele y quiénes podrían acceder al beneficio
La explicación del mandatario distingue entre distintos niveles de colaboración con las pandillas. Según sostuvo, no corresponde equiparar a quienes ejercían el control criminal sobre la población con quienes vivían sometidos a esas organizaciones y prestaron una ayuda menor.
Como ejemplo, diferenció a una persona que ayudó a enterrar un cadáver de un joven que avisaba sobre la presencia policial. El argumento incorpora una distinción de responsabilidades dentro de una política que ha privilegiado las capturas masivas.
Bukele presentó el eventual beneficio como una salida condicionada y bajo vigilancia, sin absolución. Mantiene que los posibles beneficiarios cometieron delitos, pero plantea considerar el contexto de dominio territorial de las pandillas y el grado de participación de cada persona.
Sin embargo, no detalló quién resolvería las solicitudes, qué requisitos se exigirían, cómo funcionaría el monitoreo ni si serían necesarias reformas legales. Tampoco explicó cómo se distinguiría entre personas condenadas y detenidos que aún esperan una sentencia.
Una propuesta que contrasta con el endurecimiento penal
El régimen de excepción rige desde marzo de 2022, suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 93.000 detenciones, según las cifras recogidas por EFE. La ofensiva redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero también acumuló denuncias de detenciones arbitrarias y abusos bajo custodia estatal.
La posibilidad de liberar a parte de los detenidos contrasta con las declaraciones anteriores del presidente. En junio de 2025 afirmó: “No los vamos a liberar ya, ni nunca”. Además, las reformas penales permitieron procesos colectivos y ampliaron los períodos de prisión sin sentencia.
El nuevo planteamiento tampoco supone el término de las medidas extraordinarias. En la misma conferencia, Bukele defendió la continuidad del régimen de excepción: sostuvo que la mejora de la seguridad no elimina los riesgos de una rearticulación de las pandillas.
Las preguntas sobre la revisión de casos
La comisión mencionada por Ibrajim Bukele incluiría personal de instituciones estatales y del despacho de la primera dama, según sus publicaciones de abril. El presidente negó que su hermano tenga un papel en ese mecanismo, pero no identificó a sus responsables ni explicó su funcionamiento.
Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, señaló a AFP que la revisión de casos es una demanda reiterada de las organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, cuestionó que el Ejecutivo determine culpabilidades y que los posibles beneficiarios sean descritos como colaboradores de pandillas sin reconocer que también hay inocentes encarcelados.
Las dudas sobre el cambio de criterio y los inocentes en prisión
El Gobierno ya ha reconocido la liberación de unas 8.000 personas detenidas durante la ofensiva. Socorro Jurídico, por su parte, sostiene que al menos 30.000 detenidos son inocentes; esa cifra corresponde a la estimación de la organización.
Por ahora, el anuncio no permite establecer qué explica el cambio de criterio ni atribuirle una motivación humanitaria.
Quedan pendientes cuestiones centrales: por qué la distinción entre grados de colaboración aparece después de años de encarcelamiento, quién garantizará una revisión individual y cómo se resolverán los casos de personas detenidas sin pruebas.
La propuesta abre esas preguntas mientras el Gobierno mantiene vigente la política de excepción.