Congreso despacha proyecto que agiliza expulsiones y eleva a cinco años la prohibición de reingreso
La iniciativa entrega nuevas herramientas para ejecutar las expulsiones administrativas de extranjeros, incluido el ingreso de la PDI a domicilios con autorización judicial previa. Aún debe completar los trámites para entrar en vigor.
El Congreso aprobó el proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros, luego de que el Senado respaldara el informe de la comisión mixta por 37 votos a favor y una abstención, de Claudia Pascual (PC).
La propuesta apunta a facilitar que las órdenes dictadas por la autoridad migratoria se concreten, mediante herramientas para localizar, notificar y detener a las personas afectadas. Estas expulsiones responden a causales establecidas en la legislación y no requieren necesariamente una condena penal.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Gabriel Boric en mayo de 2024 y posteriormente retomada y modificada por la administración de José Antonio Kast.
PDI podrá solicitar autorización para ingresar a domicilios
Uno de los principales cambios permitirá a la PDI pedir autorización escrita a un juez de garantía para ingresar a una vivienda y detener a una persona con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Además, el proyecto aumenta de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para quienes sean expulsados administrativamente.
También amplía las facultades de Migraciones para obtener información destinada a notificar los procedimientos, con exclusiones respecto de niños, niñas y adolescentes, establecimientos educacionales y centros de salud. A ello se suma el fortalecimiento del registro biométrico de extranjeros en situación irregular.
Qué ocurrirá con quienes enfrentan causas penales
El texto contempla la expulsión inmediata, previa autorización judicial, de extranjeros en situación irregular formalizados, acusados o requeridos por simples delitos, cuando la pena concreta no supere tres años y no registren condenas anteriores por crimen o simple delito.
Este mecanismo considera suspender el procedimiento penal por tres años y coordinarse con el Ministerio Público para resguardar las investigaciones y los derechos de las víctimas. La expulsión no será automática por el solo hecho de estar imputado.
Aunque concluyó su tramitación parlamentaria, la iniciativa todavía debe pasar por la revisión del Tribunal Constitucional, su promulgación y publicación antes de entrar en vigor.