cambia el orden del titular Rabat anuncia cambios legales tras polémica por delitos sexuales y confirma rebajas de condenas a dos internos de Punta Peuco
El ministro de Justicia comprometió el respaldo del Ejecutivo a iniciativas parlamentarias que buscan restringir las rebajas de condenas. Además, defendió las resoluciones adoptadas por su cartera y confirmó que dos internos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad, también recibieron reducciones de penas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que el Gobierno impulsará cambios legales para restringir las rebajas de condenas, tras la controversia por los beneficios otorgados a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Además, confirmó que dos internos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad, también recibieron reducciones de penas.
Gobierno respaldará proyectos para restringir rebajas de condenas
El secretario de Estado comprometió el respaldo del Ejecutivo a iniciativas parlamentarias que buscan limitar estos beneficios y anunció que el Gobierno presentará su propio proyecto de ley.
La propuesta apunta a que los requisitos para acceder a una rebaja se evalúen conforme a la legislación vigente al momento de presentar la solicitud.
Las 56 rebajas de condenas y la explicación del Gobierno
La polémica surgió después de que una investigación de Interferencia revelara que, entre marzo y septiembre, el Ministerio de Justicia aprobó 27 rebajas por abuso sexual de menores y otras 29 por violación.
Rabat defendió las resoluciones y argumentó que la reforma de febrero de 2022, que excluyó a determinados condenados por delitos sexuales contra menores, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los delitos antes de su entrada en vigencia.
Rebajas en Punta Peuco y cuestionamientos políticos
El ministro también reconoció que dos internos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad, recibieron rebajas durante la actual administración.
Según explicó, este tipo de beneficios se ha concedido bajo gobiernos de distintos sectores políticos durante las últimas dos décadas.
La controversia abrió un nuevo frente en el Congreso, donde parlamentarios impulsan modificaciones para endurecer las restricciones y sectores de la oposición cuestionan la responsabilidad administrativa del ministerio.
Las reformas anunciadas deberán superar la tramitación legislativa y resolver las dificultades constitucionales relacionadas con la aplicación temporal de normas penales más desfavorables.