Gobierno respalda a Rabat y admite que pudo mejorar el manejo de las rebajas de condenas
Gonzalo Arenas reconoció que pudieron adoptarse decisiones distintas, pero defendió la legalidad de los decretos. La suspensión anunciada por Justicia no alcanza a las resoluciones que completaron su tramitación.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que “se pudieron haber hecho cosas distintas” en el manejo de las rebajas de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores.
Arenas defiende a Rabat ante la polémica por las rebajas de condenas
Sin embargo, defendió la actuación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y aseguró que cuenta con “toda la confianza del Presidente de la República”.
El subsecretario de la Segegob sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es modificar la legislación para impedir nuevas rebajas en estos casos e incorporar mayores resguardos para las víctimas.
La defensa de Rabat y el alcance de la suspensión
Arenas rechazó que las decisiones respondieran a una intención de favorecer a condenados por delitos sexuales contra menores. Según planteó, Justicia aplicó la normativa vigente y el criterio de los tribunales, por lo que descartó que se tratara de una atribución discrecional.
El portavoz también exhibió decretos de las administraciones de Gabriel Boric y Kast para argumentar que ambos gobiernos concedieron reducciones de penas. No precisó, sin embargo, si el documento del período anterior respondió a una orden judicial posterior al rechazo administrativo de la solicitud.
Las 56 rebajas de condenas y los límites de la suspensión anunciada por Justicia
La controversia surgió tras conocerse 56 rebajas para personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Rabat ha defendido su actuación con el argumento de que la restricción legal de 2022 no puede aplicarse retroactivamente.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que los decretos fueron dictados por el ministro y que los tribunales intervienen cuando existen recursos que les permiten pronunciarse sobre esas decisiones.
Aunque Justicia suspendió la tramitación de nuevas resoluciones, Arenas explicó que esa medida no alcanza a decretos ejecutoriados. El Ejecutivo prepara cambios legales que incorporen la situación de las víctimas, mientras la oposición exige la salida de Rabat y estudia una acusación constitucional.