Ministra de la Corte de Valparaíso enfrenta denuncia por encargar proyectos de fallos a abogada externa
Damaris Silva aseguró que trabajó durante 17 años para Rosa Aguirre. El conflicto laboral terminó con un acuerdo por $17 millones y ahora abre cuestionamientos sobre las funciones de la magistrada.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso convocó a un pleno extraordinario para analizar los antecedentes sobre la ministra Rosa Aguirre, tras conocerse una demanda que la acusa de pagar a una abogada externa por elaborar proyectos de sentencias.
La presidenta del tribunal, Silvana Donoso, citó a los ministros para este viernes 30 de octubre, con el propósito de evaluar una investigación disciplinaria.
Una relación de trabajo que se extendió por 17 años
El caso fue revelado por La Tercera, que accedió a los antecedentes de la demanda presentada por Damaris Silva.
La profesional afirmó que prestó servicios para Aguirre desde 2009 hasta mayo de 2026, con tareas que habrían incluido el estudio de expedientes y la preparación de proyectos de resoluciones judiciales.
Según su relato, la magistrada le entregaba instrucciones sobre el sentido de los proyectos y los argumentos que debía desarrollar. Silva también aseguró que cumplía encargos personales y preparaba material para las clases de Aguirre.
Pagos mensuales y un acuerdo confidencial
En su demanda, Silva sostuvo que desde 2015 recibía $300 mil mensuales, sin reajustes. La relación habría terminado después de que solicitara aumentar su remuneración a $900 mil.
Tras la presentación de la acción laboral, ambas suscribieron en agosto un acuerdo por $17 millones, con una cláusula de confidencialidad y el desistimiento de la demanda. El arreglo no constituye una sentencia que acredite las acusaciones.
Petición de investigar las responsabilidades
En declaraciones a Radio Bío Bío, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, pidió esclarecer los hechos con respeto al debido proceso.
La dirigenta advirtió que una eventual delegación de funciones jurisdiccionales sería grave y sostuvo que un acuerdo privado no elimina el interés público de investigar lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.