Silva afirma que firmó rebajas de condena bajo el criterio definido por Rabat
El subsecretario de Justicia explicó que suscribió decretos como ministro subrogante y reconoció fallas en la información y participación de las víctimas.
El subsecretario de Justicia, Luis Silva, atribuyó al criterio jurídico establecido por el ministro Fernando Rabat la firma de decretos que concedieron rebajas de condena.
La autoridad explicó su intervención mediante una declaración difundida en Instagram la noche del jueves 29 de octubre.
Su pronunciamiento ocurre mientras la oposición prepara una acusación constitucional contra Rabat por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores, en una controversia que también incluye causas de derechos humanos.
La explicación sobre las firmas y los fallos judiciales
Silva señaló que suscribió los documentos cuando debió reemplazar al titular de Justicia. “Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice”, afirmó.
Según su relato, la cartera rechazó inicialmente varias solicitudes, pero sentencias posteriores de la Corte Suprema obligaron a modificar esas decisiones. Añadió que situaciones similares ocurrieron durante el gobierno de Gabriel Boric.
El subsecretario sostuvo que el procedimiento contempla la participación de Gendarmería, una comisión de profesionales y jueces, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el ministerio. Bajo ese argumento, defendió que otorgar las rebajas responde a un proceso institucional.
Sin embargo, reconoció deficiencias respecto de las víctimas: “No había garantías, ni de que eran informadas, ni escuchadas. En esto, el Estado falló”.
Suspensión de solicitudes y revisión de beneficios
Silva informó que el ministerio suspendió la tramitación de todas las solicitudes de rebaja recibidas. También indicó que los equipos estudian si existen herramientas jurídicas para revertir los efectos de los beneficios concedidos.
La tercera medida corresponde a una reforma legal que, según explicó, busca impedir nuevos casos e incorporar el derecho de las víctimas y sus familias a recibir información y ser escuchadas.
“Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir”, concluyó.