Ñuñoa inicia censo de seguridad en edificios y propone certificar sus sistemas de drenaje
La revisión comenzó en San Eugenio, sector afectado por inundaciones. El alcalde Sebastián Sichel pidió cambios legales para exigir mantenciones y entregar atribuciones de fiscalización a los municipios.
La Municipalidad de Ñuñoa inició un censo de emergencia en edificios y condominios para detectar deficiencias en sus sistemas de drenaje y revisar sus planes de respuesta ante inundaciones e incendios.
La iniciativa comenzó el jueves 29 de octubre en San Eugenio, uno de los sectores afectados por las últimas inundaciones.
Prevención de emergencias y mantención de edificios en Ñuñoa
En paralelo, el alcalde Sebastián Sichel presentó una propuesta de modificación legal para establecer mantenciones preventivas y certificaciones periódicas de los sistemas de evacuación de aguas.
Según informó, el documento fue enviado al Presidente de la República y a los ministros correspondientes.
Revisión de infraestructura y planes de emergencia
El catastro considera desagües, sistemas de bombeo, cámaras y planos de infraestructura, además de la existencia y actualización de planes de emergencia e incendio. Su objetivo es identificar problemas y orientar medidas de prevención.
Las primeras inspecciones se realizaron con autorización voluntaria de los administradores. Sichel señaló que el municipio carece de atribuciones para exigir estas revisiones: “Sin la facultad, pero con la voluntad de los administradores”.
Durante la presentación, el alcalde afirmó que en uno de los edificios del sector ingresaron 15 millones de litros de agua. “Nosotros no podemos esperar a que venga la próxima lluvia”, sostuvo.
Certificación y facultades para fiscalizar
La propuesta busca modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.
Plantea mantenciones preventivas periódicas y una certificación de funcionamiento cada dos años para sistemas de drenaje, bombeo y evacuación o absorción de aguas.
Esa certificación correspondería a personas o entidades calificadas e inscritas en un registro técnico. El planteamiento también contempla facultades municipales para inspeccionar y sancionar incumplimientos.
Los costos, las características del registro y el mecanismo de fiscalización deberán definirse durante la eventual tramitación de los cambios legales.