Oposición exige a Kast los 56 decretos de rebajas de penas y reitera petición de salida de Rabat
Representantes de partidos y bancadas entregaron una carta en La Moneda para solicitar los fundamentos de los beneficios, medidas para revertirlos y un plan de atención a las víctimas. La ofensiva coincide con la preparación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
La oposición entregó este lunes una carta en La Moneda para exigir respuestas por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En el documento dirigido al Presidente José Antonio Kast, presidentes de partidos y jefes de bancada reiteraron la petición de renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y solicitaron la entrega de los 56 decretos cuestionados.
Presión política por rebajas de condenas y entrega de decretos
El documento pide transparentar los fundamentos que respaldaron cada decisión, presentar una propuesta concreta para revertir los beneficios y establecer un plan de atención para las víctimas.
La entrega de la carta abre un nuevo frente de presión sobre el Ejecutivo, mientras la oposición prepara una acusación constitucional contra Rabat, cuya presentación está prevista para esta semana.
Exigencias de transparencia y responsabilidad política
La ofensiva ocurre después de la sesión especial del 28 de octubre, en la que el ministro explicó ante la Cámara de Diputados los procedimientos que dieron origen a las rebajas. Sus argumentos no lograron contener los cuestionamientos opositores, que derivaron en el anuncio del libelo.
Ese día, la Cámara también aprobó una resolución que solicitó al Presidente la renuncia de Rabat y de los entonces subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La iniciativa obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, incluidas las de parlamentarios de RN y la UDI.
Aunque esa resolución no tiene carácter vinculante, la carta vuelve a situar la decisión sobre la continuidad del ministro directamente en manos de Kast.
Salida de Silva e investigación penal
La crisis ya provocó un cambio en el Ministerio de Justicia. El viernes 30 de octubre, el Presidente removió al subsecretario Luis Silva y nombró en su reemplazo a la abogada Josefina Soto.
La salida ocurrió después de que Silva publicara un video en el que explicó que había firmado decretos cuando subrogó al ministro y conforme al criterio definido por Rabat.
En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación tras una denuncia de los diputados Luis Cuello y Juan Santana por presunta prevaricación administrativa. Las diligencias están a cargo del fiscal regional Francisco Jacir y buscan determinar si los hechos constituyen delito.
Revisión de beneficios y cambios legales pendientes
El Gobierno anunció la suspensión de nuevas tramitaciones, la revisión de los beneficios concedidos y modificaciones legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a estas rebajas.
También comprometió la búsqueda de una fórmula para revertir los decretos vigentes. Sin embargo, ese anuncio todavía no implica que los beneficios hayan quedado sin efecto, una de las principales respuestas que ahora exige la oposición.